Una serie de fotografías que probarían que un grupo de personas que se habían rebelado contra el gobierno de Venezuela fueron ejecutados con tiros de gracia serán presentadas mañana ante la Corte Penal Internacional (CPI) y fueron publicadas hoy por la prensa española.

En las imágenes, publicadas por el diario madrileño El Mundo, se observa al ex policía Oscar Pérez y a otras personas sin vida, con numerosos impactos en la cara, la cabeza y el cuello.

 “Decenas de tiros de gracia para acabar con la vida del famoso Rambo venezolano y de su equipo, como se llamaba a los seis 'libertadores' que se atrevieron a desafiar al todopoderoso chavismo”, describió el autor de la nota, el periodista venezolano Daniel Lozano.

Las fotos publicadas forman parte de un conjunto de imágenes que el diputado antichavista Wilmer Azuaje y la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz -chavista que pasó a la oposición tras ser destituida en agosto de 2017- anunciaron que presentarán mañana ante la CPI.

“Voy a entregar más de un centenar de fotografías”, dijo Azuaje en la nota, en la que Ortega Díaz aseguró: “Los liquidaron”.

El 15 de enero de 2018, un comando integrado por militares, policías y civiles chavistas cercó una vivienda en la que se escondían Pérez y varios de sus seguidores, en un confuso operativo en el que, según se informó al día siguiente, fueron muertos el ex policía y otras seis personas, mientras otras seis fueron detenidas.

Allegados a las víctimas y voceros de la oposición y la Iglesia católica denunciaron que se trató de una ejecución extrajudicial, y pocos días después se divulgaron las actas de defunción que certifican que seis de los muertos fueron ultimados con disparos en la frente y el otro, con un tiro en la espalda.

Pérez, oficial inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía científica), y además actor, había cobrado notoriedad en junio de 2017, cuando robó un helicóptero de ese organismo y desde ese vehículo arrojó dos granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y tiroteó la sede del Ministerio de Interior y Justicia, sin dejar víctimas.

Desde entonces estuvo prófugo de la justicia venezolana, que lo acusó de terrorismo, lo dio de baja de la Policía y pidió su captura internacional.

En diciembre de 2017, Pérez se atribuyó el asalto que un grupo de personas perpetró a un cuartel de la Guardia Nacional Boliviariana (GNB, policía militar) en el estado Miranda vecino a Caracas, del que robaron varias armas.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció en julio pasado que entre enero de 2018 y mayo de 2019, las fuerzas armadas y de seguridad de Venezuela ejecutaron extrajudicialmente a 6.856 personas, entre otras graves violaciones de derechos humanos.