El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados le envió este lunes una carta al presidente Alberto Fernández para que invite a los funcionarios de los tres poderes del Estado a que donen el 30% de sus sueldos y destinar esos fondos a tareas de prevención y asistencia por la pandemia del coronavirus.

En la nota, que Mario Negri compartió en Twitter, los diputados expresaron que "las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el país y el mundo requieren de las instituciones y actores políticos una mayor disposición a explorar alternativas, frente a un escenario indeseado que debe ser abordado con determinación, seriedad, responsabilidad y sensibilidad".

"Sabemos de las dificultades que tiene el Estado Argentino, que se agigantan cuando las restricciones se multiplican, como pasa en cualquier crisis socio-sanitaria: los recursos son escasos y el tiempo es apremiante", continuaron.

En ese sentido, precisaron: "Si bien las dietas de los legisladores fueron congeladas desde el mes de diciembre pasado y los subsidios así como los montos de pasajes aéreos y terrestres no utilizados fueron transferidos con destino a la atención de la emergencia, sabemos que es posible y urgente hacer más".

"En ese particular contexto, y a semejanza de iniciativas similares en algunas provincias y en la región, le proponemos en su carácter de Presidente (pero sobre todo por el rol específico que ahora tiene a cargo de enfrentar este flagelo), la constitución de un fondo de emergencia destinado a atender los aspectos "más urgentes" de la gestión de la crisis", detallaron.

"Dicho fondo debería constituirse con el 30 % de los ingresos de la totalidad de los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial (Ministros de la CSJN, Camaristas, Jueces, Secretarios, Senadores, Diputados, Presidente, Vicepresidente, Ministros, Secretarios y Subsecretarios), el Ministerio Público Fiscal, los directorios de las empresas públicas y los organismos descentralizados y desconcentrados, y todos los ahorros que el Sector Público pueda realizar durante esta etapa, invitando también a Provincias y Municipios a tomar medidas de idéntico tenor", puntualizaron.

Por último. aclararon que "todo ello por un plazo de 90 días, sometiendo el control del gasto sobre dicho fondo a la Auditoría General de la Nación mediante un programa creado al efecto".