Sociedad Por: El Objetivo18 de julio de 2026

Javier Faroni es investigado por el FBI en Estados Unidos

Es por la compra de departamentos de lujo en Miami por USD 11 millones.
EL OBJETIVO FOTO JAVIER FARONI X

La revelación de que el FBI investiga a Javier Faroni por la compra de departamentos de lujo en Miami por USD 11 millones sacudió al mundo político y deportivo argentino, luego de que trascendiera que el productor teatral y dirigente cercano a la AFA habría adquirido las propiedades a través de sociedades radicadas en Florida.

La investigación se enmarca en un expediente federal estadounidense que rastrea operaciones inmobiliarias vinculadas a presunto lavado de activos y triangulación de fondos provenientes de actividades no declaradas, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con fuentes citadas por El Nuevo Herald, el FBI solicitó información a registros públicos del condado de Miami-Dade y a brokers inmobiliarios que intervinieron en las operaciones, que incluyen dos departamentos en Brickell y un penthouse en Sunny Isles, zonas donde el precio del metro cuadrado supera los USD 10.000.

La pesquisa se centra en determinar si las compras se realizaron con fondos propios o si hubo participación de terceros, incluyendo empresas vinculadas a la industria del entretenimiento y a contratos de representación deportiva.

Faroni, que mantiene vínculos con dirigentes de la AFA y con representantes de jugadores, ya había sido mencionado en investigaciones periodísticas sobre el rol de intermediarios en transferencias internacionales.

Su nombre apareció en reportes de movimientos financieros asociados a operaciones de clubes argentinos con equipos de México y Estados Unidos, aunque nunca fue imputado en la Argentina. La novedad de la investigación del FBI reactivó el interés sobre esos antecedentes y abrió interrogantes sobre la posible conexión entre su actividad empresarial y el flujo de dinero hacia el mercado inmobiliario estadounidense.

En paralelo, fuentes judiciales argentinas confirmaron que la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC) evalúa solicitar información a Estados Unidos para determinar si las operaciones de Faroni podrían encuadrarse en delitos locales, como lavado de activos o evasión fiscal.

La AFIP, por su parte, analiza si las compras fueron declaradas y si existe correlación entre los montos invertidos y los ingresos registrados por el empresario en los últimos años.

La investigación también generó repercusiones en el ámbito deportivo. Dirigentes de la AFA consultados señalaron que Faroni no ocupa cargos formales dentro de la estructura, pero reconocieron que mantiene influencia en áreas vinculadas a logística y representación.

La posibilidad de que un colaborador cercano esté bajo investigación federal en Estados Unidos preocupa a sectores que temen que el caso derive en un escrutinio más amplio sobre operaciones financieras relacionadas con el fútbol argentino.

En Estados Unidos, el caso se inscribe en una tendencia creciente de investigaciones sobre compras inmobiliarias realizadas por ciudadanos extranjeros en Miami, un mercado históricamente utilizado para canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas o no declaradas.

El Departamento del Tesoro endureció en 2025 los requisitos de transparencia para adquisiciones en efectivo de propiedades de lujo, obligando a identificar beneficiarios finales en operaciones superiores a USD 300.000. Según Bloomberg, estas medidas permitieron detectar irregularidades en transacciones vinculadas a empresarios de América Latina, Europa del Este y Medio Oriente.

La defensa de Faroni sostiene que las compras fueron legítimas y que el empresario cuenta con documentación que respalda el origen de los fondos. Sin embargo, la investigación del FBI continúa abierta y podría ampliarse si se detectan vínculos con sociedades offshore o con operaciones financieras realizadas desde Argentina.

Para analistas consultados por Financial Times, el caso refleja la creciente cooperación entre agencias estadounidenses y organismos latinoamericanos para rastrear movimientos de capital sospechosos en el sector inmobiliario.

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