Desgravar la educación (o agravarla)

Desgravar el valor de las cuotas en los colegios privados es propio de un Estado empático. De eso se trata el proyecto de ley que estoy impulsando en la Cámara de Diputados desde hace dos años, pero que resulta vital en los tiempos que vivimos. La educación pública, en muchas provincias, padece de saturación y de una muy baja calidad.  Cada vez más familias argentinas que pueden hacerlo,  eligen la educación privada para sus hijos. Hay dos situaciones que debemos tomar en cuenta: un sistema educativo público exigido al máximo, con la consiguiente necesidad de crear políticas para aliviarlo y sobre todo mejorarlo. Y por otro lado, la necesidad urgente de que el Estado tienda su mano a quienes deciden invertir el fruto de su trabajo en el sistema privado de educación.

Sin lugar a dudas, la posibilidad de deducción de la cuota de la base imponible del Impuesto a las Ganancias es una manera de proteger a quienes hacen ese gran esfuerzo. Pero además, al utilizar una plataforma privada, se contribuye a la creación de fuentes de trabajo relacionadas con el ámbito educativo. Adicionalmente, los mismos ciudadanos liberan al Estado de solventar gastos e inversiones en escolarización. Esta propuesta representa una compensación para quienes pagan sus impuestos y además deben costear la educación para sus hijos.

La Ley del impuesto a las ganancias permite que se deduzcan montos en concepto de cobertura médica, cuando se trata de medicina privada. ¿Por qué no abordarlo de manera similar en materia de educación? Si eso sucediera, con el dinero que ahorraría el estado, se podrían impulsar nuevas formas de capacitación con títulos oficiales. En materia de equidad también se podrán ver beneficios, sobre todo en lo progresivo del tributo, ya que debe gravar en función de la capacidad contributiva de cada ciudadano. En otras palabras, que sea igual para los gastos de salud como los de educación. De hecho, el índice de desarrollo humano mide el bienestar de un país no solo teniendo en cuenta el ingreso, sino también por la salud y la educación (estos indicadores son algunos de los predictores del desarrollo).

Se sabe que el impacto directo del Impuesto a las Ganancias se determina en función de dos variables concretas: las alícuotas y las deducciones admitidas. Si bien Argentina está, en ese punto, en una situación comparable a las alícuotas de otras partes del mundo, en nuestro país sólo se admiten como gastos y deducciones (para los asalariados) los descuentos obligatorios por jubilación y obra social, los gastos médicos con un tope del 5% de la ganancia neta, las donaciones a ciertas instituciones también hasta el 5% y los intereses de préstamos hipotecarios, también con tope, pero que también se debería elevar, para ayudar a las familias argentinas en este momento tan especial que estamos atravesando.

La Argentina no permite la deducción de gastos de educación. Esto resulta inexplicable teniendo en cuenta la alta incidencia de la educación en el presupuesto familiar y lo esencial que resulta para la realización de los seres humanos. En España, por ejemplo, las deducciones difieren en cada región. En la Comuna de Madrid pueden deducirse los gastos de escolaridad hasta un tope de 900 euros por cada hijo. En Portugal se acredita el 30% de los gastos educativos. En México son deducibles los pagos por servicios de enseñanza hasta u$s 1.800 por cada integrante del grupo familiar. También se da en otros países.

Yo quiero que en el Congreso de la Nación vayamos un paso más allá, por eso propongo la deducción total del gasto en educación privada. De esa manera, quizá se podrá destinar más presupuesto para otros conceptos, tales como vestimenta, comida, esparcimiento, entre otros rubros, de cada hijo a lo largo del año, provocando un efecto multiplicador en la economía.

En conclusión, el proyecto constituye un respiro y una reparación para los contribuyentes que en la actualidad, muchas veces con sus ingresos vulnerados por la pandemia, deben gastar mucho más en dichos rubros de lo que la norma vigente establece. Eso sin contar el efecto de descompresión por el exceso de demanda en la educación pública (y su consiguiente deterioro cualitativo). Desgravar es una buena idea: sería una ley beneficiosa para la educación, el Estado y el bolsillo de los argentinos.

*Diego Mestre - Diputado Nacional (UCR)