El Objetivo
La Fiscalía de Instrucción de Jesús María elevó el requerimiento de juicio de una causa por grooming, que involucra a un adulto que ha sido detenido e imputado por delitos de abuso sexual y pornografía infantil, entre otras acusaciones, y tiene como víctimas a menores de edad de cinco países: Argentina, Brasil, España, México y Venezuela.
El informe del Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló que el único imputado en la causa es un hombre de Colonia Caroya que cometió los delitos por el uso de las redes sociales.
La investigación comenzó a través de un reporte internacional elaborado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos (Ncmec), y el hombre fue detenido en marzo de 2019 mediante un procedimiento realizado en su domicilio donde fueron secuestradas más de 2.000 imágenes y vídeos en formato digital de actos explícitos con niños y adolescentes de entre cinco y 17 años.
El acusado deberá responder por delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante continuado, producción de material pornográfico infantil, facilitación de representaciones sexuales de menores de edad, coacción agravada reiterada y tenencia de material pornográfico infantil".
La instrucción de la causa, que estuvo a cargo del fiscal Guillermo Monti, sostuvo que las maniobras del delito consistían en tomar contacto con las víctimas a mediante las redes sociales con un perfil falso, haciéndose pasar por un menor de edad y ganándose su confianza con conversaciones.
Luego remitía imágenes pornográficas y por engaños lograba el envío por parte de las víctimas de imágenes de contenido sexual, tras lo cual empezaba con amenazas obligándolos al envío de más imágenes, llegando en algunos casos a tratarse de prácticas sexuales explícitas entre menores.
La maniobra también tuvo como víctimas a mujeres mayores de edad, a quienes mediante engaños con promesas laborales de modelaje para obtener fotos y vídeos, las obligaba con el objetivo de exigirles imágenes de contenido sexual.
Por tratarse de delitos cometidos mediante el uso de las redes sociales, se pudo constatar que las víctimas tienen residencia en localidades de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Santa Cruz, además de los países nombrados: Brasil, España, México y Venezuela.
