Casación confirmó condena a exfuncionarios judiciales de Córdoba por su actuación en la dictadura
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a tres años de prisión para el exjuez federal de Córdoba Miguel Ángel Puga y el exfiscal Antonio Cornejo en la causa en la que fueron juzgados por omitir denunciar detenciones ilegales en la última dictadura militar y abuso de autoridad.
La decisión fue del máximo tribunal penal federal del país que además anuló la absolución de un exsecretario penal del juzgado federal 1 de esa provincia, Carlos Otero Álvarez y ordenó realizar un nuevo juicio en su contra con otros magistrados, según el fallo al que tuvo acceso Télam.
La sala I de Casación hizo lugar a una apelación del fiscal general ante el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba que dictó veredicto en noviembre de 2017, Carlos Gonella y las querellas en representación de las víctimas y anuló la absolución del exsecretario Álvarez.
El accionar atribuido a Otero Álvarez "fue analizado de manera compartimentada o recortada, sin tener en consideración las estructuras delictivas que imperaron en la época y contextualizaban los hechos llevados a juicio", consideró en su voto el camarista Petrone.
Por su parte, la camarista Ana María Figueroa aludió a "la actuación ilegal de quienes ejercían cargos de magistrados durante el terrorismo de Estado instaurado por el gobierno de facto, de lo que no puede derivarse sin más que Otero Álvarez se limitó a un ejercicio socialmente adecuado de su rol, ajeno al marco de la ilicitud estatal comprobada, que el encartado conocía o debió conocer".
Según la acusación fiscal, el acusado "actuando como secretario, habría tomado conocimiento de diversos supuestos delictivos y habría omitido denunciarlos a sabiendas de la actuación irregular del magistrado interviniente", en relación a torturas, abusos y violaciones a los derechos humanos a detenidos ilegales desde 1976.
Además "habría omitido denunciar los delitos de imposición de tormentos, privación ilegítima de la libertad, robo, abuso sexual y homicidio agravado, de los que tomó conocimiento en su condición de secretario del Juzgado Federal número 1 de Córdoba".
Casación apartó a los jueces del Tribunal cordobés para que sean otros magistrados los que emitan un nuevo veredicto.
El fallo fue firmado por los camaristas Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
