El Objetivo
La Cámara en lo Criminal y Correccional de 10° Nominación de la ciudad de Córdoba condenó a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación calificada en perjuicio de la administración pública.
Sergio Javier González estaba encargado de la carga informática de las solicitudes presentadas por personas que aspiraban a ser beneficiarios de los créditos “Redes” o “Mejor Hogar”, otorgados por el organismo. Aprovechándose de dicha función, insertaba en el sistema datos de personas que no habían presentado ninguna solicitud. Estos datos eran remitidos al área que confeccionaba los cheques. Posteriormente, el agente provincial, en complicidad con otros imputados, se apoderaba del dinero erogado por el Estado provincial.
La sentencia, firmada por el camarista, Carlos Palacio Laje, en sala unipersonal, también condena a Enzo Francisco Pesci, Heber Andrés Antonutti y Lucas Manuel Benito Shwap, como coautores de defraudación calificada en perjuicio de la administración pública. A los dos primeros acusados se les impuso la pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso; mientras que al tercero se lo condenó a un año y seis meses de prisión, también de ejecución condicional.
La acusación en juicio estuvo a cargo del fiscal de Cámara, Gustavo Dalma; mientras que la investigación penal preparatoria estuvo a cargo del fiscal en lo Penal Económico, Matías Bornancini.
