El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sancionó la iniciativa de ley que clausuró y decomisó los bienes de la Cruz Roja Nicaragüense, por considerar que atentó "contra la paz y la estabilidad" durante los disturbios ocurridos en ese país en 2018.

Antes de que se oficializara la decisión de Ortega, la Asamblea Nacional había derogado el decreto legislativo mediante el cual se había creado esa institución en 1958.

Asimismo, el dictador nicaragüense dio su aprobación para la creación de una nueva entidad, de similares características a la anterior, pero vinculada al Ministerio de Salud.

A partir de ahora ese organismo absorberá todo el patrimonio, bienes y acciones que pertenecían a la Cruz Roja Nicaragüense, ya que ahora son propiedad del Estado, pero basado en "un modelo cristiano, socialista y solidario", de acuerdo con un documento firmado por los legisladores.

En el mismo texto se afirmó que las protestas de 2018 contra el gobierno de Ortega "atentaron contra la paz y estabilidad de la nación" y en ese contexto "algunas filiales de esta Asociación (Cruz Roja Nicaragüense) y la asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales".

Según los organismos humanitarios, esa revuelta social dejó 355 muertos y más de 2.000 heridos, en su mayoría manifestantes civiles baleados por policías y paramilitares. Desde entonces, Nicaragua atraviesa una crisis política y social que se acentuó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo, y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. En tanto, muchos de sus opositores fueron encarcelados y todavía continúan privados de su libertad.