El Objetivo
El informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, cerró el año 2024 con 14 sentencias, “que sumaron 20 condenas y 12 absoluciones” y afirmó que, desde 2006 (año en que se reiniciaron los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado), “hay 1.195 personas condenadas y se dictaron 332 sentencias”.
Asimismo, el texto plasmó que aún se encuentran “613 personas detenidas”, de las cuales el 81% “permanece en arresto domiciliario” y, por otra parte, hay “65 causas” que esperan el juicio oral y el 3% ya tiene “fecha de inicio”.
“El documento consigna datos de elaboración propia a partir de la sistematización, procesamiento y análisis de la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales especializadas de todo el país, actualizados hasta el 2 de diciembre pasado, sobre la situación de las personas sujetas a proceso y el avance de las causas judiciales”, indica el texto de la PCCH.
Además destacó que, durante estos 18 años, el Ministerio Público Fiscal (MPF) investigó “a 3.775 personas por crímenes de lesa humanidad y que hay 668 causas en trámite”; en la misma línea, detalló que, durante todo el 2024, y hasta el cierre de este informe, “se iniciaron 15 juicios orales”, de los cuales “siete continúan con el debate en curso y ocho ya obtuvieron sentencia”.
El informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad afirmó que hay 1.195 personas condenadas y se dictaron 332 sentencias. “El número de personas sometidas a proceso, y que no han obtenido sentencia, representa el 46%. De ellas, 370 se encuentran procesadas, 161 con falta de mérito y 100 fueron sobreseídas”, confirmó el documento.
También, se informó que “465 tienen pedido de indagatoria, mientras que 70 personas ya declararon”, pero aún no se resolvió su situación procesal.
Para finalizar, el texto sintetizó el porcentaje de las 370 personas procesadas: para el 32% ya fue requerido su juzgamiento en juicio oral y el 34% están siendo sometidas a debate oral por primera vez; además, hay 33 personas prófugas, de las cuales a 11 se les negó la extradición (una enfrenta ese proceso, tres fueron ubicadas y 18 aún continúan con paradero desconocido).
“De las 3.775 personas investigadas por crímenes contra la humanidad, 1.450 (el 38%) atraviesan el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que 613 (el 16%) están detenidas bajo las siguientes modalidades: El 81% tiene arresto domiciliario; el 10% está alojado en dependencias de los servicios penitenciarios federal o provinciales y el 9% está detenido en su mayor parte en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. También se registra la detención de una persona en una dependencia de una fuerza de seguridad federal”, concluyó el informe.
