La iniciativa apunta a fomentar el trabajo formal y la inclusión financiera de trabajadoras y trabajadores de casas particulares.

Afrontará ese gastos durante seis meses con el fin de reducir la informalidad en el sector donde hay más empleo en negro. El empleador deberá registrar a la trabajadora y abonar el porcentaje del sueldo restante, los aportes de jubilación, la ART (Riesgos del Trabajo) y la obra social.