Tras más de cuatro horas de reunión, en la cual hubo dos cuartos intermedios, las partes se retiraron sin definiciones ante el pedido de la CGT y las dos centrales de la CTA de establecer un piso de $ 288.600 del SMVM a partir de febrero.
Inicialmente el encuentro estaba previsto para el 18 de agosto, pero "por pedido de la CGT y de la propia UIA, y porque el 18 de agosto su presidente (Daniel Funes de Rioja) no se encontrará en el país, es que se decidió postergar la convocatoria".
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, firmó la resolución que llama a determinar los nuevos montos del Salario Mínimo, Vital y Móvil y los valores "mínimo y máximo de la prestación por desempleo"
El aumento será del 45%, en cuatro tramos: un 18 por ciento en abril, un 10 en junio, otro 10 en agosto y un 7 en diciembre, con revisión en agosto próximo, según se acordó en la reunión del Consejo del Salario.
El encuentro del organismo tripartito conformado por representantes de trabajadores y empleadores y el Estado nacional arrancó pasadas las 15:40. El Gobierno impulsa como principio que el nuevo acuerdo le gane a la inflación.
Actualmente, el Mínimo, Vital y Móvil asciende a 33 mil pesos, tras su actualización en septiembre de 2021. Además del este monto, se determinarán los mínimos y máximos de la prestación de desempleo.
Participarán los representantes empresarios de las diversas cámaras de actividades, la CGT y ambas CTA. En el encuentro se determinarán también los montos de la prestación por desempleo.
Uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, confirmó que no se llegó a un entendimiento y adelantó que el Gobierno laudará con un incremento del 35% a abonar en tres tramos.
La cifra que pretende fijar el Gobierno está muy lejos de lo que reclamará la CGT: para la central obrera, el haber mínimo debe fijarse en 31 mil pesos.
El Griego se impuso 88-60 en su primer amistoso de preparación para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional. Fue el debut de Leo Gutiérrez como entrenador principal.
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal en lo Penal Económico contra directivos y representantes de compañías que operarían con licencias británicas en las Islas Malvinas.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y se concretaron en dos propiedades ubicadas dentro del country Terravista.