El Senado sancionó por unanimidad la nueva ley de discapacidad con los cambios que pidió la oposición
El Senado sancionó este jueves una nueva ley de discapacidad con 71 votos a favor y ninguno en contra. La iniciativa establece un nuevo marco para el sistema y deja atrás la emergencia en el área, que vence a fin de año.
El texto consensuado mantiene gran parte de las disposiciones que el Gobierno tuvo que aceptar durante el debate en la Cámara de Diputados, entre ellas la continuidad de las pensiones no contributivas, su actualización por inflación y la implementación de un nomenclador universal de prestaciones con arancel unificado.
Pensiones, actualización y compatibilidad con el empleo
La nueva normativa ratifica las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder al beneficio.
Además, mantiene la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, una de las condiciones reclamadas por los aliados durante el tratamiento legislativo.
De esta manera, las personas con CUD podrán conservar la pensión si tienen un empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La ley también garantiza que los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad tengan acceso a un mecanismo de cobertura de salud con las prestaciones básicas establecidas por la Ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud.
Financiamiento y actualización de los beneficios
Para evitar futuros cuestionamientos del oficialismo, el texto establece partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema.
Asimismo, contempla compensaciones desde el Tesoro Nacional en caso de que los recursos previstos resulten insuficientes y establece que el Gobierno deberá garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
Auditorías y controles sobre las pensiones
Otro de los aspectos incorporados a la ley es el establecimiento de mecanismos de control más estrictos.
La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías periódicas mediante el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y el SINTyS.
La normativa habilita la suspensión preventiva de un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque establece que deberá garantizarse un debido proceso inclusivo, con notificación al beneficiario y la posibilidad de una rehabilitación provisoria.
Deudas con prestadores y cronograma de pagos
La ley también contempla la situación de las deudas pendientes con prestadores del sistema de discapacidad al momento de su sanción.
En ese sentido, establece que el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar las obligaciones pendientes en un plazo máximo de 90 días.
Durante el debate, el senador peronista pampeano Pablo Bensusán alertó sobre estos aspectos y remarcó la importancia de seguir de cerca la implementación de las próximas auditorías.