Un fiscal pidió la prisión preventiva para el personal trainer que golpeó al vigilador en Olivos

Un fiscal de Vicente López pidió la prisión preventiva para el personal trainer detenido en Olivos luego de golpear a un vigilador de su edificio que lo había denunciado el 14 de marzo último por no cumplir con el aislamiento ante la pandemia del coronavirus tras haber regresado de los Estados Unidos, informaron este miércoles fuentes judiciales.

El pedido fue formulado por el fiscal Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Este, quien solicitó que al imputado Miguel Ángel Paz (40) se le dicte prisión preventiva por los delitos de “lesiones y amenazas”.

Los voceros indicaron que durante la jornada de hoy el juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, deberá resolver tanto este pedido como el planteo de excarcelación que presentó la defensa de Paz, quien por el momento está con una prisión domiciliaria y cumpliendo cuarentena obligatoria.

El hecho, que motivo incluso la intervención del propio presidente Alberto Fernández en redes sociales y en entrevistas, ocurrió a las 21.10 del sábado 14 de este mes en un edificio situado en Rosales 2793, en la localidad de Olivos, cuando el vigilador identificado como Gustavo Granucci denunció la agresión por parte de Paz.

El ataque, que quedó filmado por cámaras de seguridad, se produjo en la sala del vigilador, adonde Paz, que es inquilino en el edificio, se presentó visiblemente molesto y comenzó a insultar y golpear al empleado de seguridad.

Es que Granucci le había advertido que no cumplía con el protocolo de sanidad dispuesto por el gobierno nacional por el coronavirus para las personas que, como él, habían regresado de viajes a países donde circula el virus.

En el dictamen, al que tuvo acceso Télam, el fiscal Gómez resalta que la conducta de Paz "lejos de tratarse de una reacción desmedida" fue "intensamente violenta, voluntaria y desproporcionada”.

“Como seres humanos tenemos la potestad de guiar nuestras acciones por la razón y la racionalidad, ninguna de las cuales resultaron guía de Paz a la hora de ajustarse conforme a la ley”, agregó el fiscal.

Pese a que se trata de delitos que permiten la excarcelación, al fundamentar su pedido de prisión preventiva, Gómez subrayó que en este caso particular existen “peligro de fuga y de entorpecimiento” de la investigación, “extremo harto evidente y que no resiste un mayor análisis, según las reglas de la lógica”.

“La conducta previa y concomitante al momento de la agresión, va de suyo que se alinea con el comportamiento propio de un sujeto que no acata una orden”, opinó el fiscal.

Para el fiscal, que no haya acatado el aislamiento social obligatorio a su regreso de Estados Unidos, “lleva a la lógica e inexorable presunción de que aquél no cumplirá por sí mismo una medida restrictiva, su conducta claramente demuestra lo contrario y me lleva a presumir que no cumpliría la orden”.

“No se trata de un sujeto respetuoso de la ley y mucho menos de los mandatos sociales; no se trata de un sujeto con signos de empatía por el prójimo, lejos de ello, percibo un sujeto que se mueve por su solo interés particular, reticente a toda imposición, aun cuando es en aras del bienestar general”, señala el dictamen.

Gómez le dedicó además un párrafo al video que el propio Paz difundió en diversos medios periodísticos donde le pedía disculpas al vigilador, a la sociedad y hasta al presidente Fernández.

“De la visualización de tal imagen tan solo observo un sujeto que intenta mejorar su imagen social, mas no aprecio un sincero pedido de disculpas y mucho menos arrepentimiento”, señala al respecto el fiscal.

Además de esta causa por la agresión al vigilador, a Paz se le inició un segundo expediente en el que interviene el juez federal 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, por la posible infracción de los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación, que contemplan la protección de la salud general y el delito de desobediencia.

El caso motivó la opinión del propio presidente Alberto Fernández, quien dijo que con hechos como éstos hay que ser "inflexibles" y que el agresor "debe pagar las consecuencias de lo que ha hecho".