El juicio por el crimen de Valentín Blas Correas (17), el chico baleado por la policía durante un control de seguridad en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba, tendrá hoy su novena audiencia con la declaración de nuevos testigos vinculados al incidente de tránsito previo al asesinato por el que hay 13 policías imputados con distintas responsabilidades.

El tribunal técnico de la Cámara 8va. y los miembros del jurado popular escuchará hoy los testimonios de Jorge Román Bazán y Leandro Ezequiel Maldonado, los dos muchachos que se movilizaban en una motocicleta y que, según lo que consta en la causa, habrían tenido un altercado de tránsito con Blas y sus cuatro amigos cuando se movilizaban en un Fiat Argo blanco.

Ese incidente fue el origen de lo que después ocurrió, ya que los motociclistas habían pateado uno de los espejos del auto y, como los chicos entendieron que le querían robar, rápidamente se alejan de esa zona.

Según el expediente, Bazán y Maldonado fueron quienes pararon en un control policial y notifican a dos efectivos que el Fiat Argo blanco estaba haciendo “conducción peligrosa”.

Sin embargo, por frecuencia radial policial, se alertó a todos los puestos de controles que un motociclista había dicho que “le habían querido robar unos sujetos en un auto”, haciendo referencia al Fiat Argo y tergiversando lo que habían denunciado Bazán y Maldonado, lo que derivó en los balazos en el control policial más cercano al lugar del incidente.

También fue citado a declarar Erick Pablo Rosell Pezo, quien había aportado datos a la policía sobre el recorrido que estaba haciendo el Fiat Argo cuando lo perdieron de vista tras no parar en el puesto de control.

El cabo Leonardo Martínez y el agente Rodrigo Toloza, dos de los imputados, habían declarado en la causa que Rosell Pezo también le dijo que por avenida Vélez Sarsfield, a la altura de la Plaza de las Américas, vio que el auto pasó a alta velocidad y “descarta (tira) algo”, pero el testigo luego negó haber manifestado esos dichos.

De la investigación surge que esa “afirmación falsa” pretendía favorecer la situación procesal de los imputados Gómez y Alarcón, los que dispararon al automóvil con los chicos, plantando un arma como “coartada que justificara el accionar policial”, sostiene el requerimiento de elevación a juicio.

Ayer declararon familiares de Blas y, durante la jornada de hoy, es probable que también declaren parientes de los restantes querellantes, estimaron fuentes vinculadas al proceso de enjuiciamiento que comenzó el 7 de septiembre y en el que hasta la fecha ya declararon 10 testigos de los alrededor de 35 previstos hasta fines de noviembre.

El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas Correas se hallaba en el Fiat Argo junto a sus cuatro amigos y, cuando circulaban por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.

Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.

Ambos llegaron al juicio como "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos".

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan son de "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público", ya que se les imputa, entre otras cosas, haber "plantado" un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.