Según la entidad, esta decisión tiene un impacto negativo en la confianza que el país requiere para atraer las inversiones que se necesitan para lograr un crecimiento sostenido. Asimismo, remarcaron que el reciente pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal promovido por Fernández y un grupo de gobernadores “representa un ataque a la independencia del Poder Judicial”.

Según mencionaron en el comunicado, “en opinión de distinguidos juristas y entidades que los agrupan, los argumentos en que se basa dicho pedido no se encuentran encuadrados en los que prevé taxativamente el artículo 53 de la Constitución Nacional, sino que se fundamentan en el contenido de sentencias emitidas por la CSJN, respecto a decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional y a normas dictadas por el Congreso Nacional, cuyo control de constitucionalidad y de ajuste a derecho le corresponden a la CSJN en ejercicio de sus facultades como tribunal de última instancia del Poder Judicial”.

En línea con esto, el Foro empresario considera que “tanto el incumplimiento de sentencias como el intento de remover a los jueces por el contenido de dichas sentencias, por el solo hecho de no compartir la forma en que se han resuelto, configuran un gravísimo ataque a las instituciones de la República”.

Por los motivos expuestos, el Foro de Convergencia Empresarial “exhorta al Presidente de la Nación y a los Gobernadores que firmaron la solicitud de juicio político a que desistan de su actitud y, en su defecto, a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para que rechace dicho pedido por no estar debidamente fundamentado en las previsiones que constitucionalmente lo justifican. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho”, concluyó el comunicado.

El fallo en cuestión, que devolvía a la Ciudad de Buenos Aires parte de los fondos de la coparticipación federal retirados a partir de una decisión del Gobierno nacional de 2020, fue cuestionado por el Presidente Fernández, quien afirmó que no acataría la decisión del máximo tribunal. Con posteridad a ese anuncio, el Gobierno se desdijo y decidió devolver esos fondos utilizando bonos de la deuda.

Ante la decisión expresa de incumplir un fallo de la CSJN, el Foro de Convergencia Empresarial se había pronunciado en contra: “Quien ocupa el más alto cargo del Poder Ejecutivo, y que, al asumirlo ha jurado observar y hacer observar la Constitución, debería mostrar una conducta ejemplar y acatar las decisiones del más alto tribunal. No hacerlo genera un grado inusitado de confusión e incertidumbre, de gravísimas y negativas implicancias tanto en lo económico como en lo social”, y a su vez había instado al Poder Ejecutivo a reconsiderar su postura.