Soledad Laciar, la madre del adolescente asesinado de un balazo en agosto de 2020 durante un procedimiento policial en la ciudad de Córdoba, pidió hoy en las últimas palabras antes de conocerse el veredicto el 31 de marzo próximo, que los 13 policías acusados sean condenados, y afirmó que "algunos pasarán varios años y otros el resto de sus vidas en la cárcel".

En la 36° audiencia del debate a cargo de la Cámara 8° del Crimen y con jurados populares, alegaron los defensores del excomisario Juan Antonio Gatica (44), quien está imputado de "encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional" y pidieron su "absolución".

De acuerdo a los datos de la causa, a Gatica se le reprocha por no haber denunciado cuando tomó conocimiento por la agente Wanda Esquivel (34) que habían "plantado" un arma en la escena del crimen para simular un enfrentamiento con la policía de los jóvenes que acompañaban a Blas Correas en el automóvil baleado.

Los abogados Jorge Sánchez del Bianco y Ricardo Moreno pidieron la "absolución" de Gatica, al sostener que "ha venido como invitado a este juicio porque no tiene absolutamente nada que ver", y que quedó involucrado a partir de "las mentiras de Esquivel para beneficiarse con la prisión domiciliaria y atenuar la pena".

Luego hicieron uso del derecho a expresar sus últimas palabras la mamá y el papá de la víctima, Soledad Laciar (44) y Fernando Blas Correas (52).

"Pido una sentencia justa. No con ánimo de revancha, sino con búsqueda de justicia y de intentar dejar al descubierto este perverso mecanismo institucionalizado y naturalizado de violencia policial en Córdoba", manifestó la mujer, y añadió que ese mecanismo "se encargó de matar varias veces" a su hijo y de "mentir una y otra vez sobre los hechos" durante el juicio.

Asimismo, remarco que más allá de que "ha quedado absolutamente demostrado" que los 13 policías "asesinaron y mintieron", también entiende que "de algún modo, han sido víctimas del mismo y perverso sistema que los educó y les enseño a matar y mentir".

Mirando de frente a los acusados, Laciar le manifestó que "algunos pasarán varios años y otros el resto de sus vidas en la cárcel por no haber optado en decir la verdad, aun cuando todo lo sucedido y todas sus mentiras han quedado descubiertas y al desnudo", por lo tanto "no tiene ningún sentido seguir manteniendo el silencio corporativo", dijo la mujer.

En su exposición también solicitó al tribunal y a los miembros del jurado popular que sea "considerada" la situación procesal de la agente Esquivel, la que "planto" el arma, y se le dicte una "pena disminuida" en caso de que aporte nuevos elementos para la nueva investigación.

Esquivel admitió su culpabilidad y colaboró con la investigación, lo que permitió un "avance significativo en la causa para descubrir la maniobra del encubrimiento", resaltó Laciar.

Por su parte, Fernando Blas Correas dijo que desde que ocurrió el crimen de su hijo su familia vive "un calvario" y añadió: "El juicio es una tortura más, es volver a vivir lo que pasó pero con más dolor y sufrimiento por ver las imágenes de cómo lo mataron."

"Hoy queremos llegar a que se conozca la verdad absoluta. Justicia sería que mi hijo esté con su familia y sus amigos", expresó el papá de Blas.

Al referirse a los 13 acusados, afirmó que "son todos culpables y deberían ser responsables de más hechos que ocurrieron porque así se vio en este juicio", por lo tanto "las penas deberían ser mayores".

"Le arruinaron la vida a 'Blasito', a su familia y a las familias de sus cuatro amigos", reprochó y agregó que después del balazo "aún estaba vivo y lo dejaron morir porque ocuparon en ganar tiempo para plantar un arma y encubrir".

Al término de la audiencia, el tribunal pasó a cuarto intermedio hasta el 31 de marzo para escuchar las últimas palabras de los acusados y luego pasar a deliberar y dictar sentencia.

Durante los alegatos, que comenzaron el 22 de febrero, los fiscales Marcelo Hidalgo y Fernando López Villagra, al igual que los tres querellantes, habían solicitado condenas a prisión perpetua para Lucas Gómez y Javier Alarcón, los dos principales acusados.

En tanto que pidieron cinco años y nueve meses de prisión para la oficial ayudante Yamila Martínez, la compañera de patrullero de Gómez y quien participó del supuesto rastrillaje en el que secuestraron el revólver.

También seis años de prisión para Walter Soria, Jorge Galleguillo, Sergio González y Gatica; cinco años y nueve meses para Enzo Quiroga; cinco para Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Toloza y Ezequiel Agustín Vélez; y cinco años y cuatro meses para Leandro Alexis Quevedo.

El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas Correas (17) y sus amigos circulaban por avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur de la capital cordobesa, y evadieron un control vehicular porque el conductor observó que uno de los policías empuñaba un arma y lo apuntaba en la cabeza.

Ante esa situación y tras una persecución, los policías dispararon contra el auto y uno de los balazos impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas que le ocasionó lesiones en el pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, y le produjo la muerte.

En este proceso también son partes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como 'amicus curiae' (asesores jurídicos voluntarios del Tribunal), y el organismo de Amnistía Internacional como 'observador' del juicio.