La ciudadanía en el centro de las prioridades de los poderes públicos

A 40 años de la recuperación democrática, corresponde hacer un balance de las transformaciones que ha implementado el Poder Judicial de Córdoba y aquellas acciones que todavía están pendientes.

Conviene remarcar que la democracia no es un logro consumado sino una construcción social permanente. Y que no sólo implica la vigencia de la división de poderes y la elección de nuestros gobernantes, sino también el respeto a las reglas pacíficas de resolución de conflictos. En esta cuestión, la administración de justicia tiene un rol trascendental e indelegable.

Desde la recuperación democrática, la Justicia de Córdoba ha puesto en marcha cambios significativos en materia de modernización, aunque la etapa de transformación más profunda comenzó a forjarse hace unos 25 años por impulso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Aquellos eran tiempos de profundas restricciones presupuestarias, sumadas a la necesidad de brindar celeridad y calidad a los pronunciamientos judiciales. La gran preocupación era cómo imaginar soluciones satisfactorias con escaso o nulo presupuesto.

En materia de capital humano, se partió de una premisa fundamental: sin dudas, los más idóneos resuelven las controversias con más rapidez y calidad. Por ello, se dispuso el ingreso al Poder Judicial sea a través de concursos transparentes y públicos, que garanticen la igualdad de oportunidades. También se implementaron concursos para acceder a los cargos de secretarios, prosecretarios y demás funcionarios.

Paralelamente, se incrementó la jornada de labor para los funcionarios y se instituyó la responsabilidad por objetivos de los jueces, en base a estándares de rendimiento. Este control de productividad también fue extendido a las diversas Salas del TSJ.

Palacio de Tribunales de Córdoba. Foto: Archivo.

El objetivo era lograr una Justicia de elevada idoneidad técnica, impregnada de independencia y principios morales. De manera que quien ingrese o asciende lo haga solo por sus méritos. El efecto colateral fue la motivación para capacitarse; lo que potenció la función judicial y la rapidez en los procesos.

Estos avances no pasaron desapercibidos a nivel nacional. Un estudio del Consejo Empresario Argentino sobre la modernización y la independencia en las justicias provinciales, publicado en 1998, ubicó a Córdoba primera en el ranking. Asimismo, el Plan Nacional de Reforma Judicial lanzado por el Ministerio de Justicia de la Nación, ese mismo año, recomendaba lo que ellos denominaron el “Modelo Córdoba”, en directa referencia a las medidas de modernización implementadas en esa época y que hoy siguen profundizándose.

En materia de digitalización, desde aquellos años se ha realizado un esfuerzo destacable. Actualmente, los diferentes operadores jurídicos (abogados, peritos, martilleros) pueden realizar presentaciones de manera remota, cualquier día del año, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Asimismo, las órdenes de pago, notificaciones, firmas digitales, fianzas, embargos, allanamientos y demás cuestiones procesales pueden llevarse a cabo mediante el Sistema de Administración de Causas (SAC) en el mismo expediente electrónico. La subasta electrónica, primera en Latinoamérica, también constituye un paso de relevancia que garantiza transparencia y eficacia. Desde hace tiempo se trabaja en inteligencia artificial en parte del procedimiento vinculado a los ejecutivos fiscales; también en violencia familiar y en otras áreas. 

Escenario histórico desafiante

Estas innovaciones, y otras que no he mencionado, nos permiten mirar al futuro con optimismo, pese a las dificultades propias de nuestra época y los desafíos que se avizoran.

Una de las principales preocupaciones es el flagelo de la violencia familiar y de género que se multiplica en todos los rincones de la provincia. Para atender esta problemática, sin demoras, se pusieron en marcha juzgados y fiscalías especializadas. Incluso, se habilitó a la Justicia de Paz para pueda entender en las urgencias y disponer en forma provisoria medidas para proteger a las víctimas.

En los últimos años, se dictaron casi 300 mil órdenes de restricción de contacto y se entregaron 15 mil botones antipánico. Esto pone en evidencia cómo se ha progresado en el establecimiento de respuestas judiciales altamente especializadas para sancionar a los responsables y asistir a las víctimas.

Además de violencia, la Justicia de Córdoba está haciendo ingentes esfuerzos para abordar la problemática de los abusos sexuales, la discriminación, el maltrato a niños y ancianos, la falta de respeto a la diversidad, los robos callejeros, las estafas bancarias, los cibercrímenes, entre otros delitos, que agravian la esencia misma de los derechos humanos y la sana convivencia.

En la coyuntura actual, el Poder Judicial tiene que profundizar la lucha contra estos flagelos, sin consentir ni dar un paso atrás, pues la sociedad reclama una respuesta judicial firme al tiempo que una eficaz protección y reparación a las víctimas.

Edificio de Tribunales II. Foto: Archivo.

No debe quedar ninguna duda: quien comete un delito va a ser sancionado por la Justicia en el marco de la ley, la Constitución y los derechos humanos; y deberá reparar el daño ocasionado. Una sociedad justa requiere un intenso compromiso comunitario, que el vecino se sienta protegido por las instituciones públicas.

En el marco del Estado Constitucional y Social de Derecho, los ciudadanos tienen el derecho a ocupar el centro de las prioridades de los poderes públicos. Su principal misión radica en promover los derechos y las libertades como así también en asegurar la paz dentro de la comunidad.

Por todo ello, resulta esencial no solo garantizar la sanción de los delitos, sino también hacer esfuerzos por evitarlos; puesto que, sin dudas, es preferible la prevención que la sanción.

Aunque todavía no hemos logrado establecer un diálogo profundo con la comunidad, en los últimos años, se han intensificado las acciones de comunicación y acercamiento con la ciudadanía. No solo a través del contacto personal, que caracteriza al Programa de Referentes Judiciales y al proyecto Facilitadores Judiciales (respaldado por la OEA); sino también a través de nuevos canales de comunicación digital.

En efecto, con la colaboración de los medios de comunicación, hemos desarrollando exitosas campañas de información y educación jurídica en las redes sociales, para que la sociedad pueda conocer sus derechos fundamentales y, desde luego, sus deberes para con la sociedad, el Estado y sus pares.

Esta instancia posibilitará, a la vez, acercar la sociedad y la Justicia, evitar la litigiosidad innecesaria y contribuir a la generación de un mayor compromiso con las reglas de juego del sistema democrático.

El futuro se exhibe como un escenario desafiante. Más allá de qué circunstancias nos depare el porvenir, lo importante es indagar qué actitud adoptamos, cada uno de nosotros, para afrontarlo. Esta celebración de la vida democrática nos brinda la oportunidad de mirar el futuro con optimismo, manteniendo cada día un espíritu renovador, sirviendo con humildad y responsabilidad a quienes tienen sed de Justicia.

Nunca debemos perder la esperanza en un futuro mejor.

(*) Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.