Objetivo Sindical Por: El Objetivo21 de mayo de 2025

El Gobierno eliminó la intervención de la Secretaría de Educación en las paritarias docentes

De acuerdo a lo que explicaron las autoridades, se trata de una medida que buscará reducir la participación estatal en los acuerdos entre el Consejo Federal de Educación y los gremios.
El Gobierno eliminó la intervención de la Secretaría de Educación en las paritarias docentes. Foto: archivo

El Gobierno nacional eliminó su participación en lo que concierne a la discusión salarial docente, y decidió dejarla en manos de los gremios nacionales y las provincias la paritaria de ese sector, a través del Consejo Federal de Educación.

Con esta decisión, el Gobierno continúa avanzando con sus principios de ajuste sobre los sectores más importantes como ciencia, salud y educación, apelando al “federalismo”. Un federalismo enmascarado, ya que mantendrá su poder de veto para el caso de que un eventual acuerdo sobrepase los límites económicos.

De esta forma con el Decreto 341/2025, la Secretaría de Educación solo intervendrá para "refrendar el convenio o requerir que se realice una nueva propuesta cuando por razones presupuestarias no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente".

El Gobierno, con esta decisión, rompe su histórica responsabilidad para negociar los salarios docentes en el que se sentaba con los gremios de alcance nacional. Decisiones como el salario mínimo, carrera de docentes, calendario educativo, recaerán ahora sobre la responsabilidad del Consejo Federal de Educación.

El Gobierno aclaró que, de todos modos, “corresponde que la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano sea la encargada de revisar la propuesta elevada en los términos del citado artículo 10° de la Ley N° 26.075 y la analice de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria previo a refrendarla, en virtud de la implementación del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente creado por el artículo 9° de la referida norma”.

El objetivo de fondo del Ejecutivo es “reducir la intervención estatal y maximizar la eficacia en la gestión pública, priorizando la eliminación de funciones redundantes o de escaso impacto en el interés general, asegurando así un uso más eficiente de los recursos”.

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