El Objetivo
Tras una minuciosa investigación que se extendió durante medio año, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticularon una organización narco con base en el Valle de Punilla.
La banda poseía una aceitada logística dedicada a abastecer de estupefacientes a los establecimientos penitenciarios de Bouwer y Cruz del Eje. Los operativos terminaron con dos mujeres detenidas y otras tres personas aprehendidas.
Los procedimientos se concentraron en dos viviendas de la localidad de Huerta Grande. El primero de ellos se desplegó en un inmueble ubicado sobre el Pasaje Leandro N. Alem s/n, en el barrio El Cóndor, donde los agentes de la FPA incautaron varias dosis de marihuana, dos balanzas digitales de precisión y documentación de alto interés para la causa. En tanto, en el segundo domicilio allanado se secuestraron envoltorios de cocaína y cannabis sativa.
Un "clan familiar" detrás de las rejas
De acuerdo con los elementos reunidos por los investigadores del último semestre, la organización criminal funcionaba bajo una estructura estrictamente familiar compuesta por una madre y sus hijos.
La hipótesis principal de la pesquisa sostiene que las maniobras se coordinaban desde el exterior del penal para hacer ingresar las sustancias a los internos. Varios de los integrantes de este clan ya se encuentran alojados cumpliendo condenas o prisión preventiva en los complejos carcelarios antes mencionados.
Durante la irrupción de las fuerzas tácticas en los domicilios, la situación sumó tensión cuando tres personas intentaron entorpecer el trabajo policial, por lo que fueron inmediatamente aprehendidas bajo el cargo de resistencia a la autoridad.
Bajo la lupa de la Justicia
Las dos principales sospechosas de liderar el entramado narco quedaron detenidas y fueron trasladadas a sede judicial por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje, a cargo del Dr. Martín Gabriel Torés Martínez.
La causa continúa bajo instrucción de la Justicia provincial. En las próximas horas se espera que el magistrado determine las imputaciones concretas y evalúe el grado de participación de cada uno de los involucrados tras analizar los elementos tecnológicos y las balanzas secuestradas en el búnker familiar.
