El Objetivo
Una sorpresiva discrepancia en la cúpula de la conducción oficialista quedó expuesta este sábado.
La titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, tomó distancia pública de la postura adoptada por el presidente Javier Milei al expresar su enérgico rechazo a la condena dictada en Formosa contra cuatro trabajadores de prensa del diario La Nación.
El posicionamiento de la legisladora nacional ocurrió apenas un día después de que el jefe de Estado celebrara y respaldara el fallo judicial en la red social X, donde calificó a los profesionales de los medios en general como "basuras inmundas con micrófono".
Frente a esto, Bullrich enfatizó que "la libertad de prensa se respeta" y apuntó directamente contra los manejos del gobierno formoseño.
Los cuestionamientos a la gestión de Insfrán
Mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la referente libertaria cuestionó la vigencia de castigos de carácter penal para labores de carácter estrictamente informativo en el territorio gobernado por Gildo Insfrán.
"En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen", disparó Bullrich en su descargo.
Asimismo, la senadora apeló a la vigencia de los derechos constitucionales frente a las regulaciones provinciales: "¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? (...) Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco".
Detalles de la condena y el origen de la causa
La sentencia contravencional N° 351/2026 fue dispuesta por el juez de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, Omar Padilla.
El fallo determinó una pena de cinco días de arresto o el pago de una multa individual de $282.550 para la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Corbalán.
La justicia formoseña argumentó que los comunicadores infringieron el artículo 73 del Código de Faltas local al ejercer la actividad sin un permiso estatal previo ni poseer matrícula profesional en dicha jurisdicción.
El expediente se remonta a una cobertura realizada en septiembre de 2025 para el proyecto documental "Hambre de Futuro". En dicha oportunidad, el equipo periodístico se trasladó a la comunidad originaria San José para registrar las condiciones habitacionales y de vulnerabilidad socioeconómica del lugar.
Durante el procedimiento, la policía provincial demoró a los profesionales basándose en una denuncia atribuida al cacique local, Guillermo López, quien posteriormente adujo desconocer los alcances y el contenido del acta que había firmado.
Tanto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitieron comunicados institucionales para repudiar firmemente la sanción, advirtiendo que la resolución judicial constituye un precedente peligroso que criminaliza el libre ejercicio de la labor informativa en el país.
