El Objetivo
El Gobierno de Javier Milei presentó una solicitud formal de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar detener el avance de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación busca que el organismo internacional, con sede en Hamburgo, Alemania, disponga medidas urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá examinar la controversia entre Argentina y el Reino Unido.
La decisión se concretó luego del vencimiento del ultimátum de dos semanas que el Gobierno argentino había concedido a Londres para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas vinculadas con el proyecto.
La gestión estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, y de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. El anuncio fue realizado mediante un comunicado de la Oficina del Presidente.
Cuáles son los cuatro pedidos de Argentina
La solicitud presentada ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar incluye cuatro requerimientos principales para intentar frenar las actividades petroleras en la zona.
Entre las medidas solicitadas por el Gobierno argentino se encuentran:
Suspender nuevas actividades hidrocarburíferas: impedir el avance de las tareas de exploración y explotación vinculadas con el proyecto Sea Lion.
Restringir el uso de información: limitar la utilización de los datos obtenidos durante las exploraciones.
Proteger el medio marino: preservar el ecosistema frente a las actividades hidrocarburíferas.
Evitar nuevos permisos: impedir que el Reino Unido otorgue nuevas autorizaciones para explotar recursos naturales en la zona.
El objetivo es obtener una medida provisional que evite que el desarrollo del proyecto avance mientras se analiza la controversia jurídica planteada por Argentina.
Qué dijo el Gobierno de Milei sobre la presentación
En el comunicado oficial, la Oficina del Presidente confirmó la presentación ante el organismo internacional y explicó el propósito de la iniciativa.
“La República Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”, informó la Presidencia.
Además, el Gobierno sostuvo que la solicitud apunta a “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
Qué es el proyecto Sea Lion y qué empresas participan
El proyecto Sea Lion se desarrolla en la Cuenca Malvinas Norte y está vinculado con la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean a las Islas Malvinas.
La iniciativa es impulsada por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
El Gobierno argentino cuestiona las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido y busca impedir que el proyecto avance mientras se resuelve la disputa planteada por el país.
Cómo sigue el reclamo argentino ante la justicia internacional
La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar constituye una nueva instancia de la estrategia anunciada por Milei el 28 de septiembre.
Ese día, Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Al mismo tiempo, concedió un plazo de dos semanas para que Londres adoptara medidas destinadas a impedir las actividades hidrocarburíferas.
Con el vencimiento de ese plazo, el Gobierno avanzó con el pedido de medidas provisionales.
La decisión final dependerá de los jueces internacionales, que deberán analizar los argumentos presentados, escuchar a las partes y determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para ordenar la suspensión del proyecto u otras medidas cautelares.
Por lo tanto, la presentación argentina constituye un pedido de intervención judicial, pero no implica por sí misma que la explotación petrolera haya sido suspendida.
