El Objetivo
El Gobierno nacional oficializó una estricta restricción al acceso público de información sobre la defensa nacional. A través del Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo clasificó como secreto militar las nuevas operaciones contractuales destinadas a la adquisición de equipamiento e insumos para las Fuerzas Armadas.
La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti.
Al amparo de esta figura legal, los organismos contratantes de la cartera de Defensa quedan exceptuados de cumplir con las obligaciones habituales de publicidad, transparencia y difusión de los actos administrativos del Estado.
Como consecuencia, el texto oficial no identifica los materiales bélicos, las cantidades, los montos presupuestarios ni los países proveedores.
Los fundamentos legales de la medida
El Ejecutivo respaldó jurídicamente la decisión bajo el histórico Decreto N° 9390/63, que permite la reserva ideológica en asuntos fundamentales para la preparación militar. También se citaron:
La Subsecretaría de Gestión Administrativa será la encargada de instrumentar estas transacciones directas y reservadas de mediano plazo.
Contexto: tensión por las Islas Malvinas
La declaración de secreto militar se produce en un escenario de creciente escalada diplomática con el Reino Unido.
Recientemente, el Gobierno argentino presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (con sede en Hamburgo, Alemania) para frenar de forma inmediata la explotación petrolera unilateral en el proyecto Sea Lion, impulsado por Gran Bretaña.
Esta presentación se acopla al procedimiento arbitral internacional iniciado por la Argentina el pasado 28 de septiembre bajo el marco de la Convemar. Con este nuevo esquema de confidencialidad en las compras, la administración nacional busca blindar su estrategia de reequipamiento defensivo frente a las sensibilidades del tablero internacional.
