El Objetivo
La Justicia federal embargó por $40.000 millones a Maximiliano Ariel Vallejo y por la misma suma a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, en la causa Sur Finanzas, al considerar que ese monto “no resulta desproporcionado” frente a la responsabilidad pecuniaria eventual.
La resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora sostuvo que, sólo en el tramo de la billetera virtual, una certificación de origen de fondos firmada por Vallejo omitió $19.938.054.800 acreditados en enero de 2025, y que el mínimo de la multa prevista para esa operación alcanzaría $39.876.109.600.
En ese marco, el tribunal fijó embargos de $20.000 millones para María Fernanda Sena Argis; $10.000 millones para Gerardo Salvador Carrozza; $5.000 millones para Silvia Torrado, Bárbara Denise Sena Argis y Maite Sofía Lorenzo; y $4.000 millones para Sergio Gabriel Da Silveira.
También ordenó embargos por $500 millones para Juan Ramón Cervín, Rolando Esteban Soloaga y Daniela Eliana Sánchez; $200 millones para Jonathan Leonardo Ledesma; $50 millones para Micaela Alejandra Sánchez, Susana Beatriz Hoffmann y Nahiara Gamarra; $20 millones para Juan Miguel Soler y César Abilio Zapaia; y $10 millones para Cecilia Elizabeth Fioretti.
Respecto de las personas jurídicas, la resolución dispuso embargos de $30.000 millones para Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A.; $10.000 millones para Centro de Inversiones Concordia S.R.L.; $5.000 millones para Cluster Palace Beach S.A. y Gestiones San Miguel S.A.; $2.000 millones para Ars Cambios S.A.S.; y $1.000 millones para Roma Inversiones S.A., Neocam S.A.S. y Sur Pagos S.A.
El fallo también ordenó medidas sobre bienes con fines de decomiso, entre ellos vehículos e inmuebles vinculados a los imputados y a las sociedades del grupo. Entre los inmuebles alcanzados figuran una propiedad en Saint Thomas Este Country Club de Canning, unidades atribuidas a Graciela Vallejo, la casa central de Sur Finanzas en Seguí 764/768/780 de Adrogué, otro inmueble en Seguí 745 y un lote en Fincas de San Vicente.
La resolución sostuvo que la estructura investigada habría funcionado entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025 con el objeto de poner en circulación fondos provenientes de ilícitos previos, darles apariencia lícita, evadir tributos y ocultar rastros frente a organismos de control y a la Justicia.
En el mismo expediente, el tribunal atribuyó a Maximiliano Vallejo un rol de jefe u organizador de la presunta asociación ilícita, mientras que a Graciela Vallejo le adjudicó una intervención central en la estructura societaria, financiera y patrimonial del grupo.
