El Objetivo
El nuevo Gobierno de Paraguay, encabezado por el presidente Pedro Alliana, formalizará un pedido de asistencia a países aliados con infraestructura tecnológica de avanzada para rastrear el destino final de los millonarios fondos movilizados por Ueno Bank.
La medida fue adoptada con urgencia luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) decretara el pasado martes 3 de noviembre la disolución e inicio del proceso de resolución de la entidad financiera por una severa caída en sus índices de solvencia.
El vicepresidente paraguayo, Antonio Barrios, ratificó la decisión en declaraciones brindadas a la emisora radial ABC Cardinal. Esta profunda crisis institucional y financiera provocó en cuestión de días la destitución por juicio político del mandatario Santiago Peña y la posterior asunción de Alliana para completar el período constitucional hasta agosto de 2028.
Un sobre anónimo que desató el escándalo
Durante su intervención en los medios del grupo ABC, Barrios reveló un detalle hasta ahora desconocido sobre el origen de las actuaciones legislativas.
El funcionario detalló que recibió en su despacho un sobre cerrado que contenía un informe apócrifo y sin firma que pormenorizaba graves anomalías operativas dentro de la entidad bancaria.
Tras constatar la gravedad de los datos con especialistas del sector, compartió el escrito con el expresidente de la República y líder político Horacio Cartes para conformar un equipo técnico de auditoría. "Al leer ese informe nos asustamos muchísimo. Si eso no ocurría, la fiesta iba a continuar no sé hasta cuándo", admitió Barrios al cuestionar la aparente inacción previa de la Superintendencia de Bancos de la banca matriz.
Cooperación tecnológica con Estados Unidos
Ante la magnitud del desvío de los recursos, el vicepresidente paraguayo argumentó la necesidad de buscar auxilio técnico fuera de las fronteras nacionales: "Tenemos que recurrir a nuestros aliados. Tenemos aliados que son países del primer mundo con mucha tecnología que podrían ayudarnos a saber dónde está el dinero". En ese sentido, Barrios confirmó que ya estableció los primeros contactos formales con la Embajada de Estados Unidos en Asunción para trazar las líneas de cooperación en la investigación económica.
Según datos de la agencia informativa EFE y los reportes del BCP, el impacto social del colapso es masivo: la entidad disuelta contaba con 2,94 millones de clientes, una cifra que representa casi la mitad de la población total del país, estimada en 6,1 millones de habitantes.
Entre los principales sectores damnificados por el congelamiento de fondos se encuentran unos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), además de millonarios recursos pertenecientes a diversas reparticiones del Estado y empresas públicas que habían sido depositados en la institución financiera durante el Gobierno anterior.
