El gobierno derogó los reglamentos para el uso de armas de fuego y armas no letales de Bullrich

La ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, derogó hoy varias resoluciones de su antecesora, Patricia Bullrich, entre ellas la "Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad".

"Derógase la Resolución del Ministerio de Seguridad Nro 2018- 956 del 27 de noviembre de 2018, por la que se aprobara el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad", reza el primer artículo de la Resolución 1231/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Además, también se derogó el "Reglamento general para el empleo de armas electrónicas no letales", el cual incluye a las pistolas Taser.

Entre los argumentos de la resolución, el ministerio de Seguridad consignó que "la utilización de armamento letal por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sólo se encuentra habilitada cuando sea estrictamente inevitable a los fines de proteger una vida -propia o de terceros".

Autorizar la utilización del armamento letal ante el mero acaecimiento de una fuga, o de resistencia a una detención (…) atenta contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal", agrega.

Y sigue: "Este uso "irracional" incrementa la violencia en los hechos delictivos, pudiendo afectar de manera directa en la subjetividad de las personas que cometan un delito, toda vez que la ausencia de criterios de proporcionalidad y racionalidad en el uso de armas por parte de los funcionarios policiales".

En cuanto al uso de las pistolas Taser, la resolución asegura que "la categorización como arma electrónica "no letal" podría habilitar el uso indiscriminado si el mismo no se encuentra limitado por los principios que rigen la utilización del armamento letal".

"La ausencia de regulación sobre cómo debe utilizarse este armamento ocasiona una situación de peligro exponencial", explica.

Según el texto publicado, el ministerio de Seguridad tendrá 30 días para elaborar "un protocolo que regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad que se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales".