El Objetivo
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy al ex ministro de Economía Nicolás Dujovne por el otorgamiento a los concesionarios de peajes de autopista Oeste Y Panamericana, durante el gobierno de Mauricio Macri.
El magistrado lo procesó por los delitos de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y lo embargó por 100 millones de pesos.
Para Canicoba Corral, Dujovne es responsable de omitir "intencionalmente intervenir, conforme el cargo que desempeñaba, en el trámite de renegociación contractual, el cual debería haber suscripto y en todo caso, haber confeccionado los informe técnicos, económicos y dictámenes jurídicos propios de esa cartera con incumbencia en la materia".
"Ha quedado demostrado, con el grado de certeza exigido en esta etapa procesal que el nombrado intencionalmente no ejecutó la normativa cuyo cumplimiento le incumbía, conforme el cargo que desempeñaba", enfatizó el magistrado en el fallo, en el que señaló que el exministro buscó deliberadamente evitar estampar su firma en las renegociaciones ahora investigadas como irregulares.
En este expediente se investigan maniobras a través de las cuales las empresas AUSOL y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y se garantizaron así que el Estado les reconociera deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso.
Para el magistrado, la actitud del exministro de Hacienda "permitió que con fecha 26 de junio de 2018 se celebraran en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste, respectivamente, sin realizar objeciones el nombrado en cuanto a que sus cláusulas podían resultar contrarios a la ley vigente o perjudiciales para las arcas del Estado".
La pesquisa gira en torno a la extensión irregular de los contratos y al reconocimiento de multimillonarias cifras a las empresas por inversiones supuestamente realizadas, "pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida".
