El Objetivo
La Procuración General de la Nación, conducida por Eduardo Casal, dictaminó ante la Corte Suprema a favor de que los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli sean validados por el máximo tribunal.
"Opino que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario por salto de instancia y revocar la sentencia apelada", concluyó Casal en un dictamen de 32 páginas al que accedió LA NACION, en alusión al fallo de la jueza de primera instancia María Biotti, que rechazó el amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi, quienes buscan permanecer en sus cargos como camaristas federales.
Los dictámenes a los que accedió LA NACION fueron emitidos esta noche y, ahora que la Corte tiene las respuestas del Consejo de la Magistratura y de la Procuración General de la Nación, está en condiciones de emitir un nuevo fallo, que será el que finalmente valide o anule los traslados de los jueces a los que el kirchnerismo quiere desplazar.
A diferencia de lo que respondió el Consejo de la Magistratura, que dijo que el fallo de la jueza de primera instancia María Biotti -que rechazó el amparo de Bruglia y Bertuzzi para que el Senado no revisara los pliegos- debía ser confirmado, el dictamen del Ministerio Público Fiscal le sugiere a la Corte que ese fallo, apelado por Bruglia y Bertuzzi, sea revocado.
Casal se refirió, en la presentación, a los argumentos que dio el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, para pedirle a la Corte que confirme la decisión de primera instancia apelada por los jueces. Y cuestionó, además, que el Consejo revisó los traslados de Bruglia Bertuzzi y Castelli en base en un nuevo reglamento (de octubre de 2019), cuando los traslados habían sido efectuados en 2017 y 2018.
"Esta modificación en la interpretación de sus propias normas y de las acordadas del Alto Tribunal, de ninguna manera puede operar con efectos retroactivos dado que, como quedará expuesto seguidamente, un cambio de esa índole sólo puede aplicarse hacia el futuro", indicó el procurador.
Lugones había indicado a la Corte que los jueces deberían haber dirigido su demanda al Senado o al Poder Ejecutivo, que decretó la suspensión de sus traslados, y no al Consejo de la Magistratura, que hizo una "mera recomendación".
Sin embargo, los jueces apelaron a la Justicia la resolución 183 dictada por el Consejo, y es por eso que la Corte le dio intervención sobre el caso. Casal también cuestionó ese argumento de Lugones.
"Está claro que ese acto no fue una mera recomendación, pues de manera obligada el Poder Ejecutivo y, en su caso, el Senado, debían revisar los actos de traslado de los jueces demandantes", consideró Casal.
La posición del Ministerio Público Fiscal no es vinculante. La Corte ya aceptó el per saltum el martes pasado y ahora tiene que definir la cuestión de fondo. El fallo, que definirá una disputa de alto voltaje político, mantiene en vilo al oficialismo y a la oposición.
Fuente: La Nación
