La CCC, basada en un documento elaborado en el marco del Foro de Análisis Económico del Comercio y los Servicios, reitera su rechazo a la aprobación en Diputados del proyecto de ley de Aporte Solidario y exhorta a sus senadores nacionales a que no acompañen con su voto tal iniciativa.

Al respecto, la entidad señala algunos ejes que debieran considerarse, a saber:

1.- La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) representa los intereses del sector comercial y de servicios en la provincia, donde se desempeñan 1.1 millones de trabajadores, entre asalariados, cuentapropistas y patrones, lo que equivale el 62% de los trabajadores ocupados en la provincia de Córdoba.

2- En los últimos meses, la pandemia de Covid-19 y las consecuentes medidas de aislamiento social no hicieron más que agravar fuertemente la caída de demanda y ventas en el sector.

3- Las perspectivas hacia adelante no son muy alentadoras, ya que la CCC cuenta con estadísticas sectoriales que muestran que la recuperación de la actividad económica producida durante mayo y junio podría haberse frenado, dando lugar a una especie de “nueva normalidad”, con un nivel de actividad sustancialmente más bajo que antes de la irrupción de la pandemia. 

Consideraciones sobre el proyecto de ley

Según expresan en el documento, este contexto no da margen para decisiones equivocadas en materia de
políticas económicas. Por el contrario, requiere que las decisiones sobre políticas públicas, en particular las vinculadas con la tributación, consideren con mucho cuidado sus efectos potenciales sobre la actividad económica y el empleo, dada la naturaleza compleja de las cuestiones tributarias, donde es frecuente generar efectos no deseados, contrarios al espíritu que impulsó dichas decisiones.

En tanto, sostienen que el proyecto de ley de “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” se inspira en propósitos que la CCC acompaña, como una tributación progresiva y una asignación de recursos públicos destinada a morigerar los efectos de la pandemia, pero su aprobación definitiva podría generar efectos adversos sobre la economía, que terminen haciendo más difícil la salida de los problemas mencionados en puntos anteriores. Entre ellos:

Además, la entidad considera que la aprobación de dicha Ley conspira contra la necesidad imperiosa de generar inversiones en el país, como motor del impulso económico para salir de la recesión, al dar una señal negativa por afectar el derecho constitucional a la propiedad privada, ya que se trata de un impuesto (aunque se lo denomine “aporte”) que se suma al ya existente impuesto a los bienes personales, generando un problema de riesgo confiscatorio por múltiple imposición.
Si esto diera lugar a planteos de inconstitucionalidad, se produciría el peor de los resultados: se habrá dado una señal negativa para las inversiones sin lograr una mejora sustancial en la recaudación tributaria.

Por otro lado, sostiene que el proyecto tiene problemas de diseño, entre ellos establecer como base imponible el valor de los activos, sin considerar los pasivos, lo que puede implicar una imposición demasiado elevada con relación a los patrimonios netos, agravando así el problema de potencial riesgo confiscatorio.

Por último, el documento concluye que, en lugar de crear un nuevo impuesto con los potenciales efectos negativos mencionados, sería más conveniente trabajar en la reducción de la evasión al impuesto a las ganancias, el instrumento más adecuado para lograr progresividad tributaria.