Tras ocho horas de debate, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Etiquetado Frontal de Alimentos, el cual apunta a marcar con un sello octogonal negro de advertencia los empaques de aquellos productos que contengan exceso en azúcares, grasas, calorías o sodio.

La aprobación, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones, se produjo en el marco de la primera sesión que se desarrolla de forma plenamente presencial, a tono con las aperturas de actividades en todos los rubros y en condiciones exactamente iguales a las que había antes del comienzo de la pandemia de coronavirus.

El debate del proyecto comenzó retrasado debido a la gran cantidad de pedidos de apartamiento de reglamento para debatir distintos expedientes que no estaban contemplados en el temario de la convocatoria.

La primera oradora del debate fue la presidenta de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), quien presentó los principales lineamientos del proyecto de "Promoción de la Alimentación Saludable", más conocido como de Etiquetado Frontal.

"Con esta ley vamos a subir un escalón en la prevención de la salud y las garantías de los derechos de todos los argentinos y argentinas", destacó sobre el proyecto que ya tenía media sanción del Senado.

"Lo estamos haciendo basándonos en evidencia científica concreta. De ella se desprende que el octógono negro de advertencia es la forma más eficaz para que los consumidores interpreten la presencia o ausencia de nutrientes críticos en los productos alimenticios que van a ingerir", agregó.

Según dijo la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, "al día de hoy la información nutricional que se brinda, y todos los sabemos, es por lo menos confusa, y puede ocurrir que estemos comprando un producto (que parece) saludable cuando en realidad no lo es".

"Estamos rodeados de productos ultraprocesados, hipercalóricos, poco nutritivos, con exceso de grasas, sal, azúcares y también carísimos. La encuesta nacional de factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles realizada en 2018 dice que el 66% de la población argentina tiene exceso de peso, el 32% tiene obesidad, el 40% padece presión arterial elevada, el 30% tiene colesterol elevado pero el dato mas alarmante es que en la Argentina en los chicos de entre 5 y 17 años, el 41% tiene exceso de peso y el 13,6% es el porcentaje en menores de 5 años", advirtió. 

Moreau aclaró que a partir de esta ley no se busca desde el Estado "prohibir la comercialización de ningún producto" sino que el objetivo es "asegurarle al consumidor de que le estamos brindando información concisa y concreta de lo que está consumiendo".

En la misma línea, la también oficialista Liliana Schwindt, una de las principales impulsoras de la iniciativa en Diputados, destacó quela norma es "una reivindicación histórica en la Argentina, de los consumidores que llevan alimentos a sus mesas y no saben lo que están consumiendo".

La legisladora del Frente de Todos afirmó que la ley de Etiquetado será una herramienta que va a permitir "producir mejores estándares de calidad, va a ayudar a la industria en consonancia con la tendencia global que existe en el mundo para la trazabilidad de los alimentos", y será "un paso más en la lucha contra la malnutrición en la Argentina y también en América Latina".

"Esta ley, ya que a tantos les gusta hablar de libertad, significa más libertad para elegir qué consumir, para comprar, para elegir el modo en que nos vamos a alimentar y autonomía sobre todo para que nadie elija por nosotros", insistió.

Frente a los reparos de ciertos sectores, señaló que en Chile una norma muy similar se encuentra aprobada desde 2012 y "las empresas no perdieron ni dejaron de vender pero sus consumidores ganaron en la posibilidad de elegir y alimentarse mejor".

En representación de Juntos por el Cambio, interbloque donde se dejaron traslucir diferencias, la radical Brenda Austin -quien en paralelo a Schwindt y otras legisladoras trabajó intensamente en el dictamen de mayoría- expuso la postura a favor.

Según explicó, "las etiquetas que están en el dorso de los productos son absolutamente insuficientes" ya que "apenas un tercio de los consumidores las leen y apenas la mitad de lo que las leen, las entienden". 

La cordobesa valoró que entre otros aspectos, la norma prohíba que los establecimientos educativos y los programas alimentarios públicos puedan proveerse de productos con más de un sello de advertencia.

Como contrapartida, la diputada del PRO Carmen Polledo expresó fuertes críticas al proyecto y defendió su propio dictamen de minoría que deja de lado la resolución gráfico del sello octogonal, por considerarlo "estigmatizante". 

"Para algunos no sería suficiente con informar, promover y educar sino que directamente pretenden avanzar con prohibiciones y censuras. Ese es uno de los aspectos fundamentales del sistema de los octógonos negros avanzando incluso más allá de lo regulado en otros países que optaron por este modelo como en Brasil y Uruguay que no tienen prohibiciones sobre información nutricional complementaria", cuestionó..

"El proyecto que estamos debatiendo supone que brindar más información confunde al consumidor y yo no estoy de acuerdo con eso", acotó.

Según señaló la legisladora opositora, "lo que se ha ocultado a la población con campañas muy agresivas es que éste (el modelo del sello octogonal negro) no es el único posible" y afirmó que "hay otros métodos con respaldo científico y que son menos hostiles y estigmatizantes, que permiten proveer información más precisa, más útil y más integral desde el punto de vista integral".

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, celebró la iniciativa que nació en el Senado de la mano de sus coautores Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) y Julio Cobos (UCR), y destacó que no se trata de "una ley de lobby".

Para el mendocino, "el Estado se tiene que hacer presente para cuidar la salud de los consumidores alimentados por basura".

En tanto, denunció que existe "un lobby" muy fuerte de "aquellos que no quieren que salga esta ley que son 12 empresas productores de alimentos y seis dueños de cadenas de supermercados", a quienes acusó de querer "acaparar la totalidad de la actividad económica de la producción y distribución de los alimentos".

En la misma sintonía, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aseguró que "esta ley no responde a los intereses de lobby".

"Es la ley que han construido colectivamente los profesionales de la salud que conocen bien los riesgos de la alimentación sin la información adecuada, la de las madres, padres y docentes que valoran el etiquetado frontal como una forma de prevenir", concluyó.

En el discurso de cierre de Juntos por el Cambio, el radical Alejandro Cacace remarcó que "en un metaestudio que recoge 14 estudios a nivel internacional todos ellos concluyen que la mejor alternativa es la del etiquetado frontal de alimentos".

El opositor puntano recordó que "hay un enorme aumento de la obesidad, una prevalencia del exceso de peso, una clarísima y abundante evidencia que marca la relación entre el incremento de los alimentos procesados y ultraprocesados con ese fenómeno de la obesidad y exceso de peso y la relación que tiene con las enfermedades no transmisibles, con la prevalencia de las enfermedades cardíacas, respiratorias, el cáncer y la diabetes".

El discurso de cierre del Frente de Todos estuvo a cargo de la camporista Florencia Lampreabe, quien denunció una lógica de "exceso de concentración en el mercado de alimentos, exceso de precios, exceso de ganancias para unos pocos, exceso de nutrientes críticos que enferman a la población, exceso de mentiras".

"Esta ley es una herramienta de soberanía alimentaria. Detrás de lo que consumimos, está también el modelo de producción que alentamos. Para poder decidir primero hay que saber, una condición que hoy se encuentra empañada porque las empresas no van de frente y ocultan información básica", consideró.