El legislador de Hacemos por Córdoba, Juan Manuel Cid presentó un proyecto de ley para sancionar las protestas callejeras: “Estoy de acuerdo con muchas de las causas por las que protestan. No estoy de acuerdo con el modo", expresó Cid para el medio Alassia Es Noticia de Radio Continental Córdoba.

Por ejemplo, uno de los artículos del proyecto refiere a “desordenes, alteraciones e interrupción del tránsito y escándalo público” y propone la incorporación del artículo 80 bis que establece que quienes cometan “desórdenes públicos, alteren o interrumpan el normal tránsito de las vías de circulación de personas y vehículos” serán sancionados con hasta seis días de trabajo comunitario, multas que superan los 57.000 pesos o arresto de hasta tres días.

Prevé también que estas sanciones se eleven al doble si quienes cometen los delitos son “integrantes de los servicios públicos de transporte o empleados o funcionarios públicos”.

La ley define además que los montos recaudados por la aplicación de las sanciones previstas serán destinados a resarcir a comerciantes, instituciones y actividades laborales perjudicadas por las conductas sancionadas.

En esta sentido, el legislador de Hacemos por Córdoba, en una entrevista con Miguel Clariá de Cadena 3 sostuvo: "Los comerciantes, que pagan los impuestos, son los que pagan a aquellos que cortan las calles y les impiden trabajar" y agregó: "lo que se recaude con las multas va a ir a los comerciantes damnificados".

El artículo siete es otro de los destacados porque agiliza la administración de la ley posibilitando la actuación de oficio de jueces y policía. Concretamente, dice que “toda falta da lugar a una acción pública que puede ser promovida de oficio por simple denuncia verbal o escrita ante la policía. Tanto el personal preventor, como cualquier autoridad con competencia para el juzgamiento de contravenciones, así como cualquier juez con competencia, deberán arbitrar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos de la contravención cometida. En todos los casos se encontrarán facultados para impartir las directivas que consideren necesarias al personal policial”.

Asimismo, el legislador sostuvo que es una contradicción que en muchos casos quienes realizan estas actividades que atentan contra el normal desempeño de la ciudadanía sean los mismos que perciben ayudas sociales que provienen del pago de los impuestos de los mismos vecinos a quienes perjudican y anticipó que en ese sentido trabaja para próximas propuestas que presentará en la Legislatura, según informó Perfil.

"Son los trabajadores a los que impiden trabajar los que pagan los planes y subsidios a quienes cortan las calles. El proyecto está complementado con el hecho de que los jueces puedan actuar de oficio y de manera verbal y no tengan que instrumentare un expediente", detalló para Cadena 3.

De esta manera en la entrevista con Miguel Clariá, según Cid, solo con una orden verbal de un juez, la Policía podría ejecutar la orden.  "Esto genera nuevas figuras que modifican el código de convivencia", concluyó.