La Cámara de Diputados declaró la emergencia ambiental con 218 votos a favor y ninguno en contra. El proyecto señala que frente a esta aprobación la Nación deberá, de manera obligatoria, destinar fondos para atender la situación.
El borrador del texto busca impulsar la integración formal al mercado de trabajo de las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad, a través de una serie de créditos fiscales.
La votación se definió por 39 votos afirmativos y 30 negativos, y en caso de convertirse en ley se implementaría desde las elecciones legislativas del año próximo.
El mendocino Álvaro Martínez propone endurecer el Régimen Penal de Minoridad, que actualmente prevé sanciones desde los 16 años. Es la iniciativa más osada de las que se presentaron hasta el momento.
Se reunieron de manera conjunta para el tratamiento de un proyecto de ley que busca prevenir el robo de cables, elementos de cobre y metales no ferrosos, además de controlar su comercialización.
La iniciativa de las legisladoras Nadia Fernández y Julieta Rinaldi, junto a la ex parlamentaria Noelia Brizuela, busca garantizar el derecho de los ciudadanos a comprender fácilmente la información pública.
A través de la red social X, el viceintendente manifestó su apoyo a propuesta del Gobierno Nacional de cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner.
El proyecto, que también propone pautas objetivas y transparentes para la distribución de fondos, establece que se declare la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional en el presupuesto 2024.
La actual gestión del club, con Juan Román Riquelme a la cabeza, quiere ampliar la Bombonera y es uno de los principales desafíos que tiene por delante pero trabajan en el armado de un plan propio.
La iniciativa, propulsada por La Libertad Avanza y el PRO, también busca que la Unidad de Información Financiera (UIF) disponga el congelamiento de activos de todos los jefes y cabecillas de la organización.
La iniciativa que reforma la letra aprobada en 2019 a instancias del entonces bloque de Cambiemos establece entre otros puntos, que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años.
Los propietarios deberán obtener un permiso, contratar un seguro e inscribir al animal en el registro creado a tal fin. También se incrementan los controles y obligaciones para criaderos y establecimientos comerciales.