Cajas de aceite o de filtro de aceite para motor de avión fueron secuestradas en el avión venezolano retenido desde el 6 de junio pasado en el aeropuerto de Ezeiza. Esto se produjo durante el operativo que llevaron a cabo de forma conjunta el FBI estadounidense y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por lo que los proveedores de ese producto estarían en la mira de la justicia norteamericana.

Fuentes judiciales revelaron a Noticias Argentinas que si bien aún no está determinado si el producto era de traslado o era para abastecer a la aeronave, la investigación buscaría dar con la firma que otorgó ese producto.

La compañía estatal venezolana dueña del avión que aterrizó en la Argentina, Conviasa, está en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en inglés Office of Foreign Assets Control (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La misma se encarga de elaborar una lista de personas físicas y jurídicas con las cuales está prohibido operar, basada en lo que considera una amenaza para su seguridad nacional.

En ese aspecto, las disposiciones abarcan determinados países y regímenes terroristas, narcotráfico, actividades relacionadas con armas de destrucción masiva, entre otros.

Si no se tienen en cuenta las alertas, las sanciones pueden ser durísimas en términos de multas y acciones puntuales relacionadas con el comercio exterior, entre otras cosas. Brindarle algún tipo de producto o servicio puede derivar en más que un dolor de cabeza, sobre todo una compañía que cotiza en la bolsa de Estados Unidos.

La compañía de aviación tenía un alerta internacional que fue escuchada por las empresas argentinas que tienen sistemas informáticos en los cuales "salta" un nombre con el cual es mejor no realizar transacciones de ningún tipo. YPF, Shell y Axion, que operan en Ezeiza, se negaron a proveer el combustible que necesita el Boeing 747.

Por lo tanto, buscan a los proveedores para determinar si incurrieron en una sanción grave, con multa y otras disposiciones, o si están vinculados directamente a una red de terrorismo. Allí pone la mira la Justicia de los Estados Unidos, por lo que se esperan más allanamientos.

En el operativo del jueves, llevado a cabo por el FBI y la PSA como fuerza auxiliar se incautó dentro del avión documentación con manifiesto de viajes, entre otras cosas, y se dispuso el secuestro de la aeronave tanto por parte de la Argentina como de los Estados Unidos.

En total eran cinco efectivos de la fuerza norteamericana y unos 15 de la policía que opera en esa terminal aérea, con el objetivo de ser auxiliares en el procedimiento y entre los cuales había escribientes, peritos y fotógrafos.

Asimismo, se tomaron fotografías y se extrajeron otros documentos que pueden ser vital para la causa que encabeza el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.

El desarrollo del procedimiento se vio demorado por una cuestión de interpretación de un término jurídico del pedido de la Justicia de Estados Unidos. El término es "cateo", que en la traducción que envió Estados Unidos junto con el original en inglés, hablaba de "legal search" (búsqueda legal).

La PSA recibió la orden de realizar un "cateo", pero no estaba claro cuáles eran los alcances de ese término, por lo que para evitar eventuales presentaciones de nulidades pidieron una precisión adicional.

Desde el juzgado de Villena explicaron que las autoridades judiciales estadounidenses requerían lo que para el Código de Procedimientos argentino es el "registro" y el "allanamiento" de la aeronave.

Por la PSA intervino el titular del Centro de Análisis, Comando y Control de la PSA, Maximiliano Lencina, en tanto, por el FBI participó Ricardo Hernández, comisionado permanente en la Argentina.