La Justicia boliviana ordenó esta madrugada la detención preventiva por cuatro meses para el gobernador del departamento de Santa Cruz, el líder opositor Luis Fernando Camacho, quien quedó recluido en la cárcel de Chonchocoro en La Paz, en la causa que investiga el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales, una decisión que la Iglesia calificó como un "secuestro" en una declaración en la que descartó que haya existido ese golpe a las instituciones.

"Se dispone la aplicación de la detención preventiva para el imputado Luis Fernando Camacho, por cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro, en el caso golpe de Estado", dictaminó el juez Sergio Pacheco, del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz.

Durante la audiencia, que se realizó a través de una plataforma de Internet, Camacho, un abogado y empresario de 43 años, declaró: "Nunca me voy a rendir" y llamó a los bolivianos a evitar que "el masismo (partido gobernante Movimiento Al Socialismo, MAS) imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba", informó la agencia de noticias AFP.

Los abogados de Camacho presentaron tras el dictado de prisión preventiva dos recursos de amparo, acciones de liberad, uno en la ciudad de La Paz y la otra en Santa Cruz. El recurso presentado en la capital del país fue rechazado.

“Sobre la situación del mandamiento de aprehensión y su ejecución se han presentado dos acciones de libertad (…) se ha rechazado la acción de libertad”, indicó el ministro de Justicia, Iván Lima, citado por la Agencia Boliviana de Información, ABI.

En relación a los recursos presentados afirmó que serán los administradores de justicia quienes definan la situación y no así quienes “gritan más” o quienes “amenacen”.

Se aguarda, dijo Lima, la decisión judicial del recurso presentado en Santa Cruz.

Conocida la decisión judicial, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) negó que hubiese existido un golpe de Estado en 2019, y calificó la detención del gobernador como "un secuestro".

La representación de la Iglesia Católica expresó “tristeza e impotencia”, porque consideró que lo ocurrido con Camacho fue “un secuestro con inaudita violencia y saña de parte de las fuerzas de seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Señaló que “poner en riesgo la vida del gobernador y de las personas que lo acompañaban, ha traído a la memoria colectiva los duros tiempos de dictaduras militares que se creían vencidas para siempre”, reprodujo el medio local Erbol.

Para la Iglesia, la intervención contra Camacho fue abusiva y se constituye en una afrenta más contra la población de Santa Cruz.

También el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó preocupación "por los acontecimientos recientes en Bolivia", en referencia al paro cívico cruceño por la detención de Camacho, gobernador de ese departamento (provincia).

“Estamos respetando al máximo el debido proceso y la transparencia y actuación de la Justicia y estamos garantizando esa independencia en los términos de nuestra Constitución y la Ley 1970. Son otros actores los que no están actuando como exhorta el secretario general, son otros actores los que no están actuando con moderación, son otros los que están buscando que la Justicia actúe por la amenaza y el chantaje”, dijo en respuesta a Guterres el ministro de Justicia, Iván Lima, en declaraciones a la prensa, reportaron la agencia Sputnik y el diario Página Siete.

En tanto, en las primeras horas de hoy comenzó un anunciado paro de actividades laborales en Santa Cruz, en el este rico de Bolivia, para exigir la liberación de Camacho.

"Estamos acá para inaugurar formalmente este paro cívico departamental de 24 horas. Un paro que es en protesta por la arbitrariedad y el secuestro cometido en contra del gobernador de Santa Cruz", afirmó el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, en conferencia de prensa.

La ciudad comenzó temprano a cumplir de manera gradual el llamado, con el corte de vías y escaso transporte público. Durante la madrugada ocurrieron en Santa Cruz ataques contra oficinas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), además de un enfrentamiento en el Plan 3.000.

El primer hecho se registró en la ABT, ubicada en el cuarto anillo, donde en una parte de la infraestructura se lanzó una bomba molotov, lo que generó un incendio e incluso se reportó la quema de algunos vehículos que estaban en la oficina pública, según el canal de TV Unitel, citado por el diario Página Siete.

En medio de los enfrentamientos, la Policía arrestó a al menos cuatro personas y las subió a una patrulla para trasladarlas a sus dependencias, y además logró secuestrar una motocicleta que era utilizada por el grupo de personas que causaba los disturbios.

La situación jurídica del gobernador de derecha se determinó esta madrugada al cabo de una audiencia de más de nueve horas celebrada en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de La Paz, bajo fuertes medidas de seguridad, reseñaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.

En la audiencia, el abogado defensor Martin Camacho presentó el recurso de incidente de aprehensión ilegal, por considerar que no se expuso la orden de aprehensión a la hora de la detención.

Sin embargo, la Fiscalía argumentó que el acusado conocía la existencia del documento y también lo firmó. Además, dijo que existe el riesgo de fuga de Camacho y obstaculización del proceso de investigación.

El juez boliviano tomó en cuenta el riesgo de obstaculización en la investigación, tomando en cuenta la ola de vandalismo que se desencadenó el miércoles en Santa Cruz, con la quema de al menos siete edificios de instituciones públicas como la Fiscalía regional.

El gobernador Camacho, que también es el máximo opositor político al gobierno de Luis Arce, fue aprehendido el miércoles por la tarde por la Policía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en cumplimiento de una orden de la Fiscalía boliviana, por no presentarse a declarar voluntariamente en la investigación del caso Golpe de Estado de 2019.

El líder opositor es acusado de terrorismo por organizar movilizaciones sociales y promover la rebelión de las fuerzas armadas en noviembre de 2019, que presionaron al expresidente Evo Morales (2006-2019) a renunciar al cargo, con el argumento de que se cometió fraude en las elecciones generales del 20 de octubre de ese mismo año. El delito de terrorismo en Bolivia se castiga con penas de cárcel de entre 15 y 20 años, según el Código Penal.

El paro en rechazo a la detención del gobernador impulsado por el Comité pro Santa Cruz, una organización cívica que defiende los intereses de la región, comprende el cierre de instituciones públicas, comercios, bloqueos de carreteras y avenidas de la ciudad, y vigilias de los manifestantes.

En tanto, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció que dirigentes cívicos de todo el país serán convocados a la capital cruceña a un encuentro el jueves y viernes de la semana próxima para "definir acciones para defender la democracia", reportó el principal diario de ese departamento, El Deber.