El ex juez y ex diputado nacional de la UCR Ricardo Gil Lavedra aseguró hoy que el juicio político a la Corte Suprema de Justicia que impulsa el Gobierno nacional "es un montaje" que "socava la credibilidad del pueblo en la Justicia".

En diálogo con "Si Pasa, Pasa", el programa que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, el también ex ministro de Justicia de la Nación durante el Gobierno de La Alianza sostuvo que la iniciativa "no tiene ninguna posibilidad de progresar" en el Congreso porque el juicio político requiere de mayorías calificadas, es decir, "un consenso muy extendido que no sucede".

En ese sentido, Gil Lavedra afirmó que "será nada más que un montaje para intentar desprestigiar a los jueces", por lo que lo único que intentan es "socavar la credibilidad del resto del pueblo en la Justicia".

Según dijo, "es un montaje porque no tiene ninguna posibilidad de progresar" y por lo tanto "es un esfuerzo enteramente inútil de antemano" por parte del oficialismo.

"Las causales que se invocan no son serias. Los jueces no pueden juzgarse por el contenido de las sentencias. Todo el resto de las fuerzas políticas han dicho que no están de acuerdo y todo juicio político merece de mayorías calificadas que requieren de un consenso muy extendido", indicó.

Y agregó. "Esto no sucede. Podrán tener quizás dictamen de comisión pero jamás la aprobación en el recinto, con lo cual es un esfuerzo enteramente inútil de antemano".

Para el ex integrante del juicio a las Juntas Militares, "las causales que se invocan no son serias" y además "todo el resto de las fuerzas políticas han dicho que no están de acuerdo".

Gil Lavedra analizó que la ofensiva del Frente de Todos contra los magistrados del supremo tribunal se debe a los "propios intereses de la coalición gobernante", y en especial al hecho de que tengan muchas causas que afectan a sus líderes, lo cual lleva a que "la confrontación con la Justicia sea permanente"

En otro orden, recordó los proyectos de "democratización de la Justicia" que impulsaba Cristina Kirchner en 2013, cuando era presidenta.

"La tentativa de reforma del 2013 era designar a los miembros del Consejo de la Magistratura por voto popular, lo cual significaba tergiversar absolutamente el sentido de la institución y aparte hacerlo permeable a una mayoría electoral circunstancial", explicó.