El Objetivo
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó en las últimas horas una sentencia que había dictado el sobreseimiento de una mujer acusada de ser partícipe del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, y la procesó con prisión preventiva.
Además, y según publicó el portal Fiscales.gob.ar, la Sala le trabó a la acusada un embargo sobre sus bienes por la suma de 150 mil pesos.
La medida se produjo luego del recurso de apelación que fue interpuesto por el fiscal a cargo de la causa, que investiga a una organización que se dedicaba a captar mujeres y explotarlas sexualmente a través de un sitio web.
Los camaristas también confirmaron lo dispuesto por el juzgado de instrucción respecto a la pareja de la imputada (su procesamiento con prisión preventiva), pero modificaron la calificación legal de "promoción y facilitación de la prostitución ajena" por la del delito de trata de personas, tanto de mayores como de menores de 18 años.
La pareja está acusada de manejar una red de prostitución junto a otros imputados a través de un portal que era administrado por el hombre y mediante el cual se encargaba de captar a mujeres en Córdoba, para luego trasladarlas hasta Rosario y ahí ofrecer sus servicios sexuales a cambio de dinero.
Se sospecha que la banda también contaría con una base operativa en Chile. Dentro de la organización, la justicia pudo determinar que la acusada tenía la tarea de fotografiar a las mujeres para subir las imágenes a la web.
En esa línea, la Sala B consideró que este rol "constituye una modalidad delictiva de promoción de la prostitución de personas adultas".
En tanto, los dos imputados restantes realizaban idéntica actividad delictiva en otro departamento ubicado en la ciudad de Córdoba; y los otros dos acusados ya fueron condenados y hay una imputada más que se encuentra prófuga.
La causa se inició en 2012, dos años después se hicieron los allanamientos, y en noviembre de 2018 se dispuso el sobreseimiento de la imputada en carácter de partícipe necesaria del delito de trata de personas.
Tras conocerse esa resolución, el fiscal federal Enrique Senestrari interpuso un recurso de apelación, en el que remarcó que las tres mujeres "desempeñaron un rol específico en la cadena delictiva dedicada a la captación, traslado y acogimiento, mediante abuso de situación de vulnerabilidad, con finalidad de explotación sexual de mujeres".
