Fiscal pidió la detención de extitular del Pami Víctor Alderete

La fiscal de juicio Gabriela Baigún solicitó hoy la detención del extitular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) Víctor Alderete, al quedar firme una condena en su contra por hechos de corrupción vinculados a contrataciones irregulares.

Fuentes judiciales informaron que el pedido fue presentado por la fiscal ante el Tribunal Oral Federal 6 para que Alderete comience a purgar la pena que habían acordado en 2015, que fue de de tres años y seis meses de prisión.

El pedido fiscal se debe a que en las últimas horas la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso pendiente que quedaba para evitar las condenas.

Alderete, uno de los símbolos del menemismo, está condenado en un acuerdo con la fiscalía por el delito de administración fraudulenta por su gestión en el PAMI, que tuvo lugar entre enero de 1997 y diciembre de 1999.

Ahora, la detención está para ser resuelta por el Tribunal Oral Federal 6 aunque debido a su edad es muy probable que de efectivizarse lo sea bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Alderete fue condenado por dos causas, una vinculada a contratación irregular de servicios en el PAMI, por la cual se detectó que nunca los mismos fueron brindados por las firmas al organismo del Estado y/o bien en muchos casos éste tenía recursos propios sin la necesidad de tener que pagar a privados.

En ese sentido, en 1997 el PAMI contrató a la empresa Henry Mann Securities Corporation para asesoramiento en cómo obtener préstamos por 700 millones de dólares, pero éstos últimos jamás se otorgaron y la firma cobró más de 300 mil dólares por parte del Estado Nacional.

El otro es por la compra a la editorial Plus de 40 mil libros para personas de la tercera edad y por la cual el PAMI desembolsó 400 mil pesos, en se momento se sospechó de pago de sobreprecios.

Si bien Alderete quedó al borde de la detención por ser el de la pena más alta, hay otros condenados cuyas sentencias quedan firmes, entre ellos la de hasta dos años de prisión solicitadas a miembros del Directorio del PAMI y dos síndicos como partícipes secundarios.