El Objetivo
La Justicia provincial allanó este miércoles la sede del Tribunal de Cuentas de la Provincia para requerir el expediente de la licitación por la compra de drones destinados a la Policía de Córdoba. El procedimiento se dio en el marco del fuerte conflicto institucional entre el Gobierno de Martín Llaryora y la mayoría juecista del organismo de control.
El operativo fue confirmado de manera extraoficial por fuentes judiciales, luego de que la información fuera difundida públicamente por el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán. Según relató el tribuno, cuatro efectivos policiales se presentaron en el edificio con el objetivo de llevarse la documentación vinculada a la adquisición de un sistema de drones valuado en 6,8 millones de dólares.
“Vinieron cuatro policías. Se presentaron pidiendo el expediente. Y ellos saben que ya no está acá. Les recuerdo a los del Gobierno que tengo determinadas inmunidades y solo un juez me puede pedir esto”, expresó Corvalán.
El titular del organismo interpretó el allanamiento en clave política y sostuvo que se trata de un intento de presión por parte del Ejecutivo provincial. “Esto se enmarca en la idea de que el Gobierno de Llaryora quiere amedrentar el accionar del Tribunal de Cuentas”, afirmó, al vincular el procedimiento con la denuncia penal impulsada días atrás por el Ministerio de Seguridad contra la mayoría opositora del organismo.
El allanamiento se produjo en un contexto de máxima tensión entre el Ejecutivo y los tribunos alineados con el senador nacional Luis Juez, quienes frenaron el visado del gasto y paralizaron la licitación para la compra de drones. Esa decisión fue el detonante de la ofensiva judicial del Gobierno provincial.
La denuncia del Ejecutivo
Con el aval político del gobernador Martín Llaryora, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, presentó la semana pasada una denuncia ante la Justicia provincial contra Corvalán y la vocal María Fernanda Leiva. La acusación es por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la presentación, ambos se habrían excedido en sus funciones al cuestionar no solo la legalidad del proceso licitatorio, sino también el mérito y la conveniencia de la política pública impulsada por el Ejecutivo. El expediente en cuestión refiere a la adquisición de un Sistema Integral de Vehículos Aéreos No Tripulados para la Policía de Córdoba.
Desde el Tribunal de Cuentas, la mayoría juecista objetó la licitación por haberse realizado en bloque, a renglón único, una modalidad que, a su criterio, habría direccionado el proceso para beneficiar a la UTE Vantac-Huinol SA, única oferente que cumplía con los requisitos del pliego.
El Ministerio de Seguridad rechazó esa interpretación y sostuvo que el organismo de control ignoró normativas técnicas aeronáuticas y actuó con motivaciones políticas, afectando el principio de división de poderes.
