El Objetivo
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno nacional cumplir de forma inmediata la Ley 27.795 de financiamiento universitario, tras rechazar una apelación oficial.
El fallo ratifica la validez de la norma aprobada por el Congreso y obliga al Ejecutivo a actualizar salarios de docentes y no docentes, reforzar becas y garantizar el presupuesto del sistema universitario.
Además, la Justicia consideró “ilegítima” la suspensión de la ley por decreto y cuestionó los argumentos del Gobierno, al sostener que afectan el derecho a la educación.
La medida responde a un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y se da en medio del conflicto por el desfinanciamiento y los recientes paros en universidades públicas.
