Denunciaron a empresas pesqueras que operan en el mar argentino con autorizaciones británicas desde Malvinas

La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió este lunes una denuncia penal contra directivos, administradores y representantes legales de distintas compañías pesqueras internacionales y sus sociedades mixtas asociadas, acusadas de explotar recursos vivos marinos en el mar argentino mediante autorizaciones emitidas por las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas.

La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano.

Según los denunciantes, las actividades investigadas afectarían la soberanía nacional, el control aduanero y los recursos naturales ubicados dentro de la Plataforma Continental Argentina y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway.

Las empresas pesqueras denunciadas

El escrito judicial individualizó a varias corporaciones de origen español, particularmente de la región de Galicia, que trabajarían junto con sociedades mixtas constituidas en las Islas Malvinas y operarían bajo licencias británicas consideradas ilícitas por los denunciantes.

Según detalla Infobae, entre las empresas mencionadas figuran:

• Lanzal: vinculada con la sociedad mixta Petrel Fishing Company Ltd., que opera mediante el buque Monteferro, registrado en las islas.
• Grupo Pereira: asociada con Argos Group Ltd., mediante las embarcaciones Argos Cíes y Argos Berbés.
• Pescapuerta: relacionada con South Atlantic Squid y los buques Falcon, Prion y Robin M. Lee.
• Copemar: también vinculada con South Atlantic Squid, a través del barco Hadassa Bay, que reemplazó al Baffin Bay.
• Ferralmes: asociada con Castelo Fishing Co., cuyo buque principal es el Castelo.
• Hermanos Touza: vinculada con Beaufort Fishing Ltd., mediante la embarcación Hermanos Touza.
• Moradiña: relacionada con Polar Ltd., que explota el buque New Polar Playa de Sartaxens, bajo banderas de España y de las islas.

Qué delitos denunciaron

De acuerdo con la presentación judicial, las maniobras denunciadas podrían configurar el delito de contrabando, a través de dos conductas principales.

La primera estaría vinculada con la evasión del control aduanero. Según los abogados, las empresas extraerían recursos pesqueros del territorio nacional para luego realizar exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas directas en Puerto Argentino o en terminales de terceros países, sin someterse al control de las autoridades argentinas.

La segunda conducta señalada es la clandestinidad y el engaño. Los denunciantes sostienen que las compañías utilizarían permisos otorgados por una potencia ocupante de facto como parte de un mecanismo destinado a impedir que la Aduana argentina controle las mercaderías.

De esta manera, según la denuncia, las empresas evitarían el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios vigentes en el país.

Los artículos del Código Aduanero invocados

Los abogados indicaron que los hechos podrían encuadrar, en principio, en los artículos 863, 864 inciso a) y 865 del Código Aduanero.

El artículo 863 sanciona las conductas que dificultan o impiden el control del servicio aduanero sobre la extracción de mercaderías.

El artículo 864 contempla la exportación clandestina, mientras que el artículo 865 establece agravantes vinculadas con la afectación patrimonial del Estado, la participación organizada de tres o más personas y el uso de transporte marítimo para eludir los controles.

En la presentación también se mencionó la posible utilización de embarcaciones para evitar la intervención de organismos como la Prefectura Naval Argentina y la Aduana.

También pidieron investigar a funcionarios nacionales

La denuncia solicitó además que se investigue si pudo existir un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de autoridades nacionales.

Este planteo se fundamenta, según los denunciantes, en una posible omisión de tareas de vigilancia y patrullaje, así como en la falta de impulso de acciones destinadas a sancionar las conductas denunciadas.

También se pidió determinar si existieron omisiones relacionadas con el cobro de los derechos aduaneros y las multas correspondientes.

La investigación deberá establecer si las actividades denunciadas constituyeron delitos, quiénes fueron sus eventuales responsables y si existieron incumplimientos por parte de funcionarios encargados del control.