Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado libertario José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos, por los 200.000 dólares que recibió en 2020 de una firma vinculada al empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos y vinculado a una red de fraude y lavado.

El magistrado le trabó un embargo de 1000 millones de pesos y le prohibió salir del país, informaron a LA NACION fuentes judiciales. En la misma resolución, Mirabelli procesó al contador de Espert Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos, y a la sociedad familiar Varianza SA, a la que le fijó un embargo de 500 millones.  

La decisión recoge la hipótesis del fiscal federal Fernando Domínguez, que en junio había pedido la indagatoria del exlegislador. Para el fiscal, Espert blanqueó los 200.000 dólares que recibió de una organización criminal transnacional mediante la compra de un BMW y de un Lexus de 130.000 dólares, además de la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda. La transferencia llegó a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos y fue girada por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las compañías usadas por la red ligada a Machado acusada de lavar dinero del narcotráfico. Espert justificó ese ingreso con un contrato de asesoramiento con una empresa minera guatemalteca, pero la fiscalía sostuvo que ese acuerdo era una simulación.

Domínguez sospecha que Minas del Pueblo, la compañía en cuestión, funcionó como una pantalla para facturar servicios que nunca se prestaron. Según la investigación, Espert nunca viajó a ese país y las minas mencionadas no estaban en actividad.

El fiscal encuadró la maniobra en las tres etapas del lavado: la colocación, con el depósito en una cuenta de Morgan Stanley a través de Wright Brothers; la estratificación, con transferencias entre esa cuenta y el BBVA; y la integración, con la compra de los autos y el fideicomiso, que dieron apariencia lícita a los fondos.
Tanto el Lexus como el fideicomiso contaron con certificaciones de origen de fondos firmadas por Cosentino, lo que para la fiscalía lo convirtió en partícipe necesario del lavado.

Las operaciones quedaron registradas en extractos del BBVA y en archivos de la computadora secuestrada al contador, entre ellos una planilla que reflejaba el patrimonio real de Espert, con la cuenta en el exterior y la transferencia de Wright Brothers. Varianza SA, integrada por Espert y su esposa, se constituyó el 13 de diciembre de 2019, semanas antes del depósito, y según el dictamen, se usó para generar asientos contables que inflaran ficticiamente los ingresos del exdiputado.

Una contadora mencionó en un audio de 2021 incorporado al expediente que la firma solo había facturado dos meses en toda su existencia.

La fiscalía también reparó en que el 27 de octubre de 2025, pocos días después de iniciada la causa penal, Espert retiró 80.000 dólares en efectivo de sus cuentas.

Espert fue indagado el 7 de julio pasado. Presentó un escrito en el que defendió la transferencia como parte de un contrato de asesoramiento y pidió que Mirabelli reasumiera la investigación, que estaba delegada en la fiscalía.

Planteó además que hay dos expedientes sobre los mismos hechos, con riesgo de doble juzgamiento, y se quejó de que la pesquisa excedió su objeto original.

El procesamiento se suma a las medidas cautelares que ya pesaban sobre el exdiputado: Mirabelli había ordenado la inhibición general y la prohibición de innovar sobre los bienes de Espert y de su esposa, María Mercedes González, una medida prorrogada en marzo de 2026 y confirmada luego por la Cámara Federal de San Martín.

La causa se abrió en octubre de 2025, a partir de una denuncia de Juan Grabois, cuando el vínculo con Machado obligó a Espert a renunciar a su candidatura como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Machado está detenido en Texas y aceptó declararse culpable de lavado y fraude para evitar ser juzgado por narcotráfico.

Fuente: La Nación