El oficialismo defendió el Presupuesto 2027 en la Comisión de Economía del Concejo Deliberante

Durante la reunión de la Comisión de Economía y Finanzas, los concejales abordaron inicialmente la Cuenta General del Ejercicio 2025, el expediente 7742/N/26 que dejó puso en debate una serie de observaciones y pedidos de explicaciones sobre el manejo económico y administrativo del municipio.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la deuda previsional municipal. Desde la oposición señalaron que las obligaciones con la Caja de Jubilaciones se incrementaron considerablemente: según los datos expuestos durante el debate, la deuda pasó de aproximadamente 33.000 millones de pesos al inicio del ejercicio a 69.000 millones al cierre de 2025, lo que representa un crecimiento real del 55%.

Los gastos en alquileres también formaron parte de las observaciones. Según se indicó en la comisión, para 2025 se habían asignado aproximadamente 1.900 millones de pesos, mientras que la ejecución reflejó un gasto cercano a los 2.991 millones. A estas observaciones se sumaron cuestionamientos al funcionamiento del Sistema de Administración Municipal (SAM), por dificultades para verificar la totalidad de las conciliaciones bancarias.

Otro de los planteos estuvo relacionado con el gasto en publicidad oficial. Durante el debate, advirtieron que la ejecución presupuestaria de 2025 registró casi 7.000 millones de pesos destinados a pauta publicitaria, pese a que, según sostuvo, los presupuestos contemplaban partidas considerablemente menores. La oposición cuestionó que se terminen ejecutando gastos de esa magnitud sin que estén debidamente reflejados en las previsiones presupuestarias y anticipó su rechazo al dictamen de la Cuenta General.

Por otra parte, también se reclamó mayor transparencia respecto de las empresas estatales y los entes descentralizados del municipio, particularmente TAMSE y otros organismos, cuyos balances y estados contables, según denunciaron los concejales, no llegan al Concejo Deliberante con la periodicidad establecida. Se puso en consideración y resultó afirmativa.

Para el tratamiento de los expedientes 13551/E/26, 13552/E/26 y 13553/E/26 estuvieron presentes funcionarios del gabinete económico municipal. El equipo económico de la Municipalidad de Córdoba presentó ante la comisión del cuerpo legislativo los lineamientos del Presupuesto 2027, un proyecto que el Ejecutivo califica de «conservador» frente a la retracción de los ingresos. Mientras el oficialismo destacó un fuerte enfoque en el gasto social y un alivio impositivo para los vecinos, la oposición centró sus críticas en la autorización para tomar deuda en dólares, la falta de transparencia en los fideicomisos y la delegación de facultades al intendente.

El cálculo de recursos se elaboró sobre proyecciones macroeconómicas que estiman una inflación promedio del 21,9%, un crecimiento del 4% y un tipo de cambio de 1.847 pesos. En este escenario, la Subsecretaría de Ingresos Públicos confirmó que no habrá cambios en la actualización de alícuotas del impuesto Inmobiliario, manteniendo las valuaciones fijadas a diciembre del año anterior. Por su parte, el tributo Automotor continuará rigiéndose por los valores de la tabla de ACARA, lo que representará una baja en la carga impositiva para el 85% de los contribuyentes. Para el sector de comercio e industria, se sostienen los beneficios del régimen general con una reducción del 30% y se mantienen los programas de promoción productiva.

Desde la cartera económica destacaron que el 62% del presupuesto de finalidad y función estará destinado a servicios sociales, abarcando atención médica, educación y urbanismo, lo que implica un incremento real del 10,4%. Como novedad de gestión, se implementó un sistema de etiquetado bajo el convenio MUNA firmado con Unicef, el cual permite certificar que el 24% del gasto total del municipio impactará de forma directa o indirecta en políticas de niñez y adolescencia.

Sin embargo, la presentación técnica dio paso rápidamente al debate político. El punto de mayor fricción fue la autorización que solicita el Ejecutivo para contraer deuda por 120 millones de dólares. Ante los cuestionamientos opositores, quienes calificaron la medida como un cheque en blanco, los funcionarios aclararon que dichos fondos no representan un nuevo endeudamiento, sino que se utilizarán exclusivamente para cancelar pasivos preexistentes contraídos con el Deutsche Bank.

La controversia escaló al analizar el manejo de los fondos con afectación específica. Concejales de la oposición alertaron sobre una serie de artículos (como el 16, el 25 y el 32) que le permiten al municipio invertir de forma transitoria los saldos de cuentas especiales, derivar remanentes a rentas generales y manejar fideicomisos sin rendiciones detalladas. Se advirtió acerca de la falta de información sobre las obras financiadas con el Fondo de Infraestructura Sanitaria —sostenido por un cobro del 16% en la boleta de agua—, advirtiendo sobre la consolidación de herramientas financieras que eluden el control de los ediles.

Finalmente, los bloques disidentes manifestaron su profunda preocupación por áreas vinculadas a la participación ciudadana y el empleo público. Señalaron que el Presupuesto Participativo barrial quedó fijado con un techo del 2,5%, muy por debajo del 10% estipulado históricamente. Se puso en votación la aprobación en primera lectura del presupuesto 2027 y fue aprobado.