¿Se puede aprender de lo trágico de una muerte inexplicable?
Sepamos que si evadimos la oportunidad de plantearnos qué estamos dejando de hacer como comunidad para evitar que casos como el de Lucio se sigan reproduciendo, más temprano que tarde la realidad nos zamarreará nuevamente.
La inseguridad es uno de los temas que, desde hace algo más de 15 años, ocupa los primeros lugares entre las preocupaciones de los latinoamericanos. Y no puede ser para menos.
Violencia y delito son manifestaciones lacerantes de la cotidianeidad, pero cuando la muerte deja de ser una estadística y se enseñorea en las infancias, tras la imagen de lo que considerábamos que debía ser el ambiente de amor y protección de una familia, las palabras sobran y hasta el silencio ensordece.
Pero, sepamos que si evadimos la oportunidad de plantearnos qué estamos dejando de hacer como comunidad para evitar que casos como el de Lucio se sigan reproduciendo, más temprano que tarde la realidad nos zamarreará nuevamente y acabará con la vida de otro inocente.
La cuestión inicial a destacar sería la referida a un tema que lamentablemente cayó en las fauces de una grieta que sistemáticamente ha ido fagocitando a todos los que se arriesgaron a visibilizarlo. El tema es control o prevención. Y todo gira alrededor de una discusión sobre más policías y sanciones más duras, contra la posibilidad de enfocarse en cuestiones como factores de riesgo o entorno que propician o favorecen las conductas socialmente disvaliosas.
El primer error es el embanderamiento casi ideologizado tras una u otra posibilidad, cuando en realidad es la evidencia empírica focalizada, lo que define tácticas y estrategias a aplicar y las calibraciones periódicas que ambos extremos -por así identificarlos- requieren ante esa evidencia.
A su vez, subrayamos que las lecturas de esas evidencias deben ser permanentes, y su análisis, presentado como “rendición de cuentas” de los actores públicos a la ciudadanía, superando el secretismo que aún impera en algunos “dominios” de las administraciones públicas.
Asimismo, otro debate que va de la mano del anterior es el de seguridad pública o seguridad ciudadana, y si bien esta última es escuchada en forma más recurrente, y desde escenarios académicos se la promueve con más firmeza, en la medida que la respuesta de los gobiernos se centren en más patrulleros, más fiscalías y más fueros judiciales especializados, podemos afirmar que la apuesta es sobre la opción de seguridad pública sobre seguridad ciudadana.
Y en este punto, podemos extendernos en la cuestión relativa a la eficacia de uno u otro modelo en el abordaje de hechos tan trágicos como el de Lucio y tantos otros.
A partir de aquí, debemos afirmar que una significativa cantidad de los actos de violencia y delitos, se pergeñan y se realizan, tras diseños mejor o peor dispuestos por los perpetradores, para evitar ser descubiertos por autoridades públicas, y determinados tipos de violencias y determinados tipos de delitos, se producen en su gran mayoría, en ámbitos que por su naturaleza, están fuera del escrutinio público y ocultos bajo el amparo de un entorno hogareño al cual esas autoridades públicas tienen especialmente vedado su acceso, salvo condiciones estrictamente previstas por la ley.
De esa manera, la actividad pública de aportar “seguridades” quedaría relegada para actuar con posterioridad a la comisión del hecho lacerante; y aquí nos preguntamos ¿estos hechos pueden ser evitables? Definitivamente.
Debemos pensar que la tragedia que vivió Lucio pudo ser evitada. Si por un lado esperamos legítimamente que la justicia defina cómo ocurrieron los hechos, precise la autoría, y cuáles fueron las condiciones de su producción y finalmente sancione a quien lo cometió; también debemos pensar como comunidad, en qué fallamos a la hora de leer los indicios que están ocultos al escrutinio de las cámaras de videovigilancia, pero que una vida en comunidad, permiten visibilizar.
En primer lugar, más allá de la mayor o menor conexión que cada uno elige tener con su comunidad de referencia cercana, sea el barrio, el club o la iglesia, hay innumerables áreas aptas para las interrelaciones humanas en la sociedad. Y se encuentran activas por necesidad, interés, obligación o mero placer. Así, escuela, sala cuna, dispensario, centro vecinal, almacén o kiosco de la esquina, son lugares donde, con una periodicidad significativa, todos tenemos algún tipo de contacto y relación, con diferencias de intensidades y obviamente diferencia de responsabilidades; pero también son espacios de construcción de esa comunidad que nació como tal a partir del reconocimiento primitivo de que una común unión -comunidad-, exponencia las capacidades tanto para el progreso como para la protección, de cada uno de nosotros.
En segundo término, reconocidos los escenarios de contacto, debemos darle sentido a las intensidades que ese contacto debe tener para que realmente esa comunidad pueda ser colectivamente eficaz en sus pretensiones de progreso y protección. Y obviamente esa protección alude a la construcción de aquella seguridad ciudadana. Desde los actores con más responsabilidades, como docentes o médicos, a aquellos cuya responsabilidad radica, no en la imposición legal, sino el la tácita aceptación de las obligaciones entre vecinos por ejemplo, es en lo que se traduce esa responsabilidad ciudadana, afianzando una red que contiene y protege a todos los miembros, desde la acción coordinada de cada uno de ellos. Nadie verá indicio alguno de la violencia si nos negamos a conectar con esa comunidad mirar, hablar y en definitiva convivir para saber interpretar y ver los indicios del dolor y así poder proteger.
Si volvemos a la pregunta del título. Debemos aprender de la tragedia y cuanto menos resignificar con nuestros actos ese estupor que nos causó saber de una muerte sin explicaciones, asumiendo la responsabilidad de saber que la seguridad pública tiene límites, que nosotros como ciudadanos en algunos aspectos podemos ser más eficaces y así constituir esa seguridad ciudadana anhelada, para que no se repita otra tragedia inexplicable, como la de Lucio.
* Jorge Luis Jofré - Director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal
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