El Parlamento peruano rechaza adelantar las elecciones para fin de año

Con 45 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones, el Congreso rechazó la iniciativa del adelanto de elecciones presidenciales para diciembre de este año, inicialmente previstas para abril de 2024. "Con esta votación queda rechazada la propuesta de reforma constitucional para el adelanto de elecciones", cerró el presidente del Congreso, José Williams. Al cierre de la sesión el fujimorismo presentó una "reconsideración" de esta votación que será vista el lunes, aunque es muy difícil que se revierta el resultado.

Cercada por protestas, bloqueos y problemas de escasez de combustibles y alimentos, la presidenta Boluarte pidió ayer al Congreso adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023, para salir del "atolladero" que sufre el país desde hace siete semanas, en el que han muerto 57 personas, 10 en circunstancias derivadas de los bloqueos de ruta y 47 por represión y hechos de violencia directa (uno de ellos policía).

"Pusimos a consideración de los ministros este proyecto de ley para adelantar a diciembre de 2023" los comicios en "fecha y hora que el Congreso diga", afirmó Boluarte en un acto de Gobierno. Boluarte reconoció que las protestas, bloqueos y la violencia con que piden su renuncia en las calles se ha agudizado.

Perú es desde hace siete semanas escenario de manifestaciones que reclaman la dimisión de Boluarte, quien asumió en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y detención del mandatario izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre por haber intentado disolver el Parlamento, luego de sufrir más de una decena de intentos de vacancia de parte del Congreso.

Las protestas y bloqueos de ruta para reclamar la renuncia de Boluarte, el adelanto de comicios y, en menor medida, convocatoria a una asamblea constitucional, no dan tregua y generan escasez de combustible, alimentos e insumos médicos.

La legisladora Susel Paredes, de centro, lamentó la falta de voluntad en el Congreso para adelantar de elecciones y criticó a los partidos de derecha como Renovación Popular y Avanza País, que se opusieron al adelanto, y de izquierda que según ella se aprovecharon para impulsar una Asamblea Constituyente.

"No veo de ninguna de las dos partes una vocación de llegar a un acuerdo y de verdad necesitamos llegar a un acuerdo, para eso estamos los congresistas. Si estamos aquí representando a las distintas posiciones políticas y a las distintas regiones del país, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo", indicó en entrevista a la radio RPP Noticias.

En las regiones más furiosas con la destitución de Castillo, y ahora más afectadas por la caída del turismo y la escasez de productos básicos, solo quieren la renuncia de Boluarte.

"No podemos esperar. Tiene que ser pronto", dijo a la AFP Sandra Zorela, una docente de 53 años en Cusco, joya del turismo internacional y paso obligado a la ciudadela inca Machu Picchu, actualmente casi cerrada.

El ministerio de Comercio y Turismo indicó ayer que el sector ha perdido 6,2 millones de dólares diarios por la crisis política de los últimos meses, y se han cancelado 85% de los paquetes turísticos.

Entre los episodios violentos de ayer destacó el ataque a la casa del gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, por parte de un grupo que lanzó palos y piedras porque acordó con el primer ministro facilitar operaciones para desbloquear las vías en este departamento de la selva, a unos 1.500 km al sureste de Lima. Otsuka respondió con disparos con un arma de fuego, informó el diario peruano La República.

"Yo no tengo que enfrentarme al tumulto y le digo a la presidenta de la República indignado, yo he podido estar en la morgue, yo tengo armas, alrededor de 5 con licencia, pero eso no es para disuadir tumulto", se quejó el gobernador en una entrevista con el canal de televisión ATV.

Desde el Gobierno de Madre de Dios emitieron un comunicado rechazando los actos vandálicos que se registran en la región desde el jueves y señalaron que lo ocurrido en la vivienda de Otsuka es un acto que linda con lo delincuencial, por lo que invocaron al Ejecutivo y al Legislativo resolver este problema lo antes posible.

La Defensoría del Pueblo cuenta 46 civiles fallecidos en los enfrentamientos y un policía, además de 10 civiles muertos en hechos vinculados a los bloqueos.

Los prolongados bloqueos generaron la escasez de combustible, gas licuado de uso doméstico, y algunos alimentos en regiones del sur andino y de la selva, pobres e históricamente marginados del centralismo de Lima.

"No hay gas ni gasolina. En las bodegas solo se consiguen víveres no perecederos y todas las cosas están muy caras, hasta el triple de lo normal", aseguró Guillermo Sandino, un experto en marketing radicado en Ica.

Los Ministerios de Defensa y del Interior anunciaron el jueves que la Policía y las Fuerzas Armadas desbloquearán las rutas del país tomadas por los manifestantes. Mientras tanto, en el centro histórico de Lima continúan convocándose manifestaciones a las que se espera la llegada de miles de peruanos desde todo el país.