El Objetivo
Tras el fallo judicial que condenó a prisión a los dueños del dogo que mató a una chica de 15 años en Córdoba, los diputados nacionales de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora presentaron un proyecto de ley que propone crear un Régimen Integral de Tenencia Responsable a nivel nacional que obligue a los dueños de perros potencialmente peligrosos a tramitar una licencia y un seguro de responsabilidad civil.
La iniciativa encabezada por Alejandra Torres y acompañada por Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Carolina Basualdo, establece penas de prisión de hasta ocho años para quienes, por negligencia en la guarda del animal, provoquen lesiones graves o la muerte de terceros.
El proyecto, inspirado en el caso Trinidad (el nombre de la adolescente asesinada en Córdoba) crea el Registro Nacional de Perros Potencialmente Peligrosos (RENAPPP) y fija la obligatoriedad de inscribir a los canes en ese organismo e identificarlos mediante un microchip subcutáneo antes de los cuatro meses de edad.
En tanto, la propuesta impulsa una serie de requisitos ineludibles destinados a garantizar la seguridad comunitaria, entre los que se destaca la exigencia de tramitar una Licencia Administrativa Local.
Para obtenerla, los dueños deberán acreditar aptitud psicológica, carecer de antecedentes penales violentos y contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil que ampare de manera integral los daños materiales y corporales que el animal pudiera ocasionar a terceros.
La iniciativa contempla herramientas punitivas y preventivas al incorporar modificaciones directas al Código Penal de la Nación.
Por caso, se tipifican los delitos de Homicidio Culposo Agravado y Lesiones Culposas Agravadas para sancionar con penas de cumplimiento efectivo a quienes actúen con negligencia en el cuidado del animal (como circular sin bozal o pretal).
Además, incorpora la figura de peligro abstracto para castigar con prisión a quienes dejen sueltos a estos animales en la vía pública, aunque no lleguen a producir un daño concreto, y fija multas indexables al precio del combustible para que las sanciones no queden desactualizadas.
La autora del proyecto de ley, Alejandra Torres, aclaró que la iniciativa “no va en contra de los animales" sino que apunta a "establecer las medidas de cuidado y de compromiso de sus dueños”.
“Buscamos crear un marco legal de sanciones penales, administrativas y de responsabilidad civil. Nuestro objetivo es la prevención y la protección de los vecinos”, agregó.
Asimismo, la legisladora consideró fundamental ampliar los alcances del fallo judicial a nivel nacional, para que “quienes elijan tener estos animales lo hagan con plena conciencia de los cuidados que requiere una convivencia armónica en sociedad”. (NA)
