El Objetivo
La administración pública nacional perdió 77.515 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, según los datos difundidos por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La reducción comprende organismos centralizados y descentralizados, empresas estatales y personal militar y de seguridad, en el marco de la política de achicamiento del Estado impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La cifra representa la diferencia acumulada en la cantidad de puestos respecto de diciembre de 2023 y no el número de desvinculaciones realizadas en un solo período. El dato refleja el saldo entre las altas y bajas de personal durante los primeros 32 meses de gestión.
La tendencia se profundizó desde comienzos de 2024 y continuó durante los dos años siguientes. En enero de 2024, la reducción acumulada era de 7.299 puestos, mientras que en agosto de 2026 alcanzó los 77.515.
Cómo evolucionó la reducción del empleo público nacional
La caída de la dotación estatal avanzó de manera sostenida desde el inicio de la gestión de Milei. En abril de 2024, la diferencia acumulada llegó a 15.799 puestos menos y superó los 24.000 en junio. Al cierre de ese año, el descenso alcanzó los 37.356 cargos.
Durante 2025, la reducción continuó. En marzo, el acumulado rondaba los 45.015 puestos menos; en mayo superó los 50.000 y en diciembre llegó a 61.657.
En los primeros ocho meses de 2026, la tendencia se mantuvo: el registro pasó de 64.842 puestos menos en enero a 77.515 al finalizar agosto.
La mayor contribución a la caída correspondió a la administración centralizada y descentralizada. Las empresas estatales también tuvieron una incidencia relevante, mientras que el personal militar y de seguridad representó una proporción menor del total.
La administración centralizada comprende ministerios, secretarías y dependencias que dependen directamente del Poder Ejecutivo. La descentralizada incluye organismos con funciones específicas y autonomía administrativa. El cálculo también contempla las sociedades bajo control estatal y al personal de las áreas de defensa y seguridad.
Retiro voluntario para empleados públicos: quiénes podrán adherir
En paralelo a la reducción de puestos registrada hasta agosto, el Gobierno formalizó el 19 de octubre un nuevo Régimen de Retiro Voluntario para parte de la Administración Pública Nacional centralizada.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro Federico Sturzenegger.
El programa alcanza al personal de planta permanente comprendido en la Ley de Empleo Público y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado. La inscripción estará abierta entre el 1 y el 30 de noviembre, aunque la autoridad de aplicación podrá extender el plazo una única vez por hasta 30 días.
Sturzenegger informó que alrededor de 20.000 agentes están en condiciones de adherir. Esa cifra representa el universo potencial de trabajadores alcanzados por la convocatoria y no constituye una meta obligatoria de desvinculaciones.
Cada jurisdicción deberá evaluar las solicitudes y podrá rechazarlas si considera que la salida de un agente compromete la prestación de los servicios. Los organismos tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver los pedidos. Si no existe una aprobación expresa, la solicitud se considerará rechazada.
El decreto establece que la aceptación del retiro implica el cese de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente. De esta manera, el mecanismo busca evitar que las vacantes permanezcan disponibles dentro de la estructura de cada dependencia.
Cómo se calcularán las compensaciones por retiro voluntario
Las compensaciones previstas varían según la edad, la antigüedad y los aportes previsionales de cada trabajador.
Para quienes estén próximos a la edad jubilatoria, pero no reúnan los años de aportes necesarios, el régimen contempla la posibilidad de percibir el 60% de la remuneración bruta durante un máximo de 36 meses o hasta completar los requisitos previsionales.
También se prevén alternativas de pagos únicos vinculados con la antigüedad. En otros casos, la gratificación puede contemplar un sueldo bruto por cada año de servicio, con distintos topes y sumas adicionales según el tiempo de permanencia en planta.
La normativa excluye a quienes ya reúnan las condiciones para jubilarse, hayan iniciado el trámite previsional o tengan una renuncia pendiente de aceptación, entre otras situaciones contempladas en el anexo del decreto.
Tampoco podrán adherir determinados agentes sometidos a procesos o sumarios por faltas previstas en la norma, ni quienes mantengan reclamos administrativos o judiciales contra el Estado por su vínculo laboral sin desistir de esas acciones. La restricción no alcanza a los reclamos fundados en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Qué sectores quedan excluidos del régimen
El retiro voluntario está limitado a la administración nacional centralizada. Por lo tanto, quedan fuera, entre otros sectores, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el Servicio Exterior, el área de inteligencia y los organismos descentralizados.
Esta delimitación implica que el programa no tendrá un impacto directo sobre todos los sectores incluidos en las cifras de reducción del empleo público acumuladas hasta agosto.
Además, quienes acepten el retiro no podrán volver a desempeñarse en el Sector Público Nacional durante ocho años, salvo las excepciones previstas en el régimen.
La restricción busca impedir que una salida acompañada por una compensación económica sea seguida por una nueva contratación estatal en el corto plazo.
El impacto del nuevo plan se conocerá después de noviembre
El régimen de retiro voluntario se suma a las medidas impulsadas por el Gobierno para reducir la dotación de personal y el gasto asociado a la estructura del Estado nacional.
Sin embargo, sus resultados dependerán de la cantidad de agentes que soliciten adherir, de las aprobaciones que otorguen las distintas jurisdicciones y de las fechas efectivas de desvinculación.
Los datos correspondientes a agosto de 2026 todavía no reflejan el impacto de esta nueva convocatoria, ya que el período de inscripción comenzará en noviembre.
