El Objetivo
El empresario Lázaro Báez fue formalmente imputado como cabecilla de una organización dedicada al lavado de activos que operaba, presuntamente, desde su lugar de detención en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
La acusación fue presentada en dos audiencias judiciales celebradas en Santa Cruz, en el marco de una investigación conjunta que sacude el tablero judicial patagónico.
La formalización de los cargos estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Río Gallegos, liderada por el fiscal federal Julio Zárate, y de la PROCELAC, representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte. Los funcionarios judiciales presentaron el caso ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, donde detallaron una organización delictiva que involucra a 16 personas divididas en dos expedientes conexos.
En el núcleo de la primera causa se investiga un flujo de dinero estimado en 390.880.000 pesos, el cual habría sido administrado y puesto en circulación de forma ilícita. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Báez, quien cumple una condena unificada de 15 años de prisión, dirigía las maniobras telefónicamente a espaldas de las restricciones impuestas por el artículo 12 del Código Penal.
La calificación legal provisoria adoptada por la fiscalía reúne graves figuras delictivas que incluyen lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación. Para los investigadores, la red lograba reinsertar las ganancias irregulares en el circuito legal mediante transferencias fraccionadas entre cuentas de allegados y billeteras virtuales.
La segunda causa conexa investiga a una presunta red narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la región, un expediente que involucra a nueve acusados y que exhibe puntos de contacto logísticos con el entorno del empresario.
El magistrado Claudio Marcelo Vázquez convalidó doce detenciones bajo prisión preventiva y dispuso pautas de coerción para los cuatro imputados restantes. Asimismo, fijó un plazo de dos años para la instrucción y ordenó el embargo de los vehículos incautados y el levantamiento del secreto financiero.
El avance probatorio se nutre de intervenciones telefónicas y documentación secuestrada, reavivando el foco sobre los bienes del contratista santacruceño. Con la defensa preparando planteos y los acusados en silencio, la causa abre un nuevo y delicado frente judicial en la Patagonia. (NA)
