El oficialismo buscará sancionar esta semana en la Cámara de Diputados el proyecto de ley ómnibus que contempla declarar las emergencias económica y social, que el Gobierno enviará este lunes al Congreso y que comenzarán a debatir mañana mismo en una reunión entre ministros y jefes de bloques parlamentarios.

Funcionarios del gabinete estaban este domingo por la tarde dando las puntadas finales al texto de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la emergencia económica que enviará este lunes al Congreso Nacional, que el oficialismo aspira a votar antes de fin de año, informaron fuentes parlamentarias y gubernamentales.

El proyecto contempla la declaración de las emergencias económica, social y sanitaria, la reinstauración del tributo para las compras en dólares de un 30 por ciento -denominado dólar turístico-, la autorización al Gobierno a otorgar aumento a jubilados y estatales y, posiblemente, la inclusión de la suspensión del pacto fiscal.

Uno de los puntos centrales de este proyecto es que, como se prorroga el presupuesto 2019, va a poder ampliar estos recursos sin las limitaciones de la ley de administración financiera, negociar tarifas y acuerdos con las empresas concesionadas de servicios públicos.

El esquema de trabajo acordado entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el presidente del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, es comenzar el debate este lunes para poder aprobar la iniciativa entre el miércoles a la noche y el viernes para luego ser girado al Senado.

La intención de Sergio Massa, como presidente de la Cámara baja, es que esa iniciativa se pueda votar con una amplia mayoría, aunque hasta ahora parece difícil que Juntos por el Cambio acepte aprobar una ley ómnibus, señalaron fuentes cercanas a Negri.

De hecho, Negri se comprometió a dar quórum para debatir los proyectos, pero evitó señalar si aprobarán la iniciativa ya que quieren analizar cada punto de las facultades que se delegarán del Congreso al Poder Ejecutivo, ya que desde ese sector de la oposición rechazan dar amplias atribuciones al Gobierno.