El conflicto en el transporte urbano de la ciudad de Córdoba continúa sumando capítulos luego de que el Concejo Deliberante aprobará el pasado viernes otorgarle amplias facultades al Poder Ejecutivo local.

La pandemia agravó la crisis del sistema de transporte, que por el aislamiento social, preventivo y obligatorio vio una gran caída en el corte de boletos y por ende, en los ingresos de las empresas.

Los subsidios enviados por el gobierno nacional no fueron suficientes, y las transportistas alegan que esta situación impide el pago de los sueldos.

Al mediodía de este lunes, los choferes se hicieron presentes en la manifestación con protestas y cortes en los puentes de acceso al centro cordobés por la falta de pago de 2 meses de salario, medio aguinaldo y otros ítems.

En el puente Centenario, ocurrieron incidentes entre los manifestantes y la policía, que dispersaron a los choferes, con gases y camiones hidrantes.

En esa situación, hubo un chofer y un taxista detenido y una mujer que termino afectada por gas pimienta. Pasadas las 13, los choferes se desplazaron por avenida General Paz hacia Colón.

El contexto del conflicto

El anuncio de la puesta en marcha de un "plan de contingencia" de parte de la firma estatal Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (TAMSE) ha dejado en claro la postura de no negociar con los trabajadores del sector, nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

En ese marco, la secretaria general del gremio, Carla Esteban, denunció que "la empresa llamó una por una a las compañeras de trolebuses (servicio prestado por TAMSE), para decirles que si mañana no se presentan a trabajar, que esperen una carta documento en sus domicilios".

El titular de la firma, Marcelo Rodio, solamente aclaró que "hemos hecho circular la propuesta" y que las empleadas "tienen la voluntad de manejar las unidades".

Al respecto, les hizo un pedido de que "no se dejen meter el cuco que estamos yendo camino al conflicto de 2017". La referencia es el conflicto anterior en el sistema, que terminó con un centenar de despidos y una carpa de choferes de este servicio instalada por largas semanas en la explanada del propio Palacio 6 de Julio.

Para Carla Esteban, la cuestión dejó en claro que "el problema no es económico, sino político" y que la intención oficial es "dividir a la gente".

Y explicó: "Luchamos en defensa de la fuente laboral, el salario y sus condiciones de trabajo. Entendemos la desesperación de todos, hay compañeros que no tienen para alimentar a su familia. Con eso están jugando".

Rodio sostuvo que hay "un sentido de pacificación" con UTA, solicitando que "le demos la posibilidad de movilizarse y llegar a los puntos necesarios a la gente".

Y sentenció: "Sabemos que tienen su derecho a huelga y que las (empresas) privadas le están debiendo mucha plata. Pero hace falta un esfuerzo para poder cerrar esta ecuación y podamos tener transporte público".