La Oficina Anticorrupción (OA) pidió una condena de ocho años y seis meses de prisión para el detenido empresario Lázaro Báez como coautor del delito de lavado de dinero y miembro de una banda integrada para comisión continuada de hechos de esta naturaleza, en el marco de los alegatos del juicio oral retomado el martes por videoconferencia.

El organismo que conduce Félix Crous solicitó, también, que sean condenados a prisión los cuatro hijos de Báez: pidió 8 años de cárcel para el también detenido hijo mayor, Martín; cinco años para Leandro y cuatro años para Melina y Luciana.

En el final de su alegato, la OA además pidió penas para el contador de Báez, Daniel Perez Gadín, (7 años y seis meses), para su abogado Jorge Chueco (7 años y seis meses), mientras que para el mediático Fabián Rossi, involucrado en las maniobras investigadas, pidió 6 años y 6 meses de prisión, igual que para el financista Federico Elaskar.

En relación al valijero arrepentido Leandro Fariña, la OA solicitó una pena de 3 años de prisión y remarcó que sus "aportes han sido corroborados con otros medios probatorios" a la vez que puso como ejemplo que sus dichos sirvieron para probar el "nexo entre Lázaro Báez y la financiera SGI".

Cuando concluía su alegato, la abogada que expuso por parte de la OA, Natalia Pereyra, destacó que los acusados son "personas instruidas" que "aprovecharon su sapiencia y experiencia para contribuir al quiebre de la ley", en el marco de los hechos ocurridos entre 2010 y 2013, período en el cual se estima que se llevaron a cabo maniobras de lavado de dinero por más de 50 millones de dólares.

El juicio oral, que se retomó este martes, había quedado suspendido a partir de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia, dictadas por el Gobierno nacional frente al avance del coronavirus.

El dueño de "Austral Construcciones", todavía detenido en el penal de Ezeiza, aunque podría pasar a prisión domiciliaria si logra reunir la millonaria caución que le fijó el tribunal, se negó a presenciar la audiencia desde la cárcel de Ezeiza por videoconferencia.

A las 9.45, quince minutos después de lo previsto y cuando ya estaban conectados a la plataforma "Zoom" casi todos los convocados, el juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, reinició el debate con la continuación del alegato final por parte de la querellante Oficina Anticorrupción.

En los momentos previos, hubo que solucionar problemas técnicos mientras un secretario del Tribunal admitía a cada participante para ingresar a la "sala" virtual.

Costabel indicó que desde la cárcel de Ezeiza dieron cuenta de la negativa de Báez y de su hijo mayor Martín, también detenido, a ser trasladados a la sala de videoconferencia en la que se preveía seguirían el debate.

Los que sí estuvieron presentes, conectados desde sus casas en Río Gallegos, fueron otros dos de los cuatro hijos, Melina y Leandro Báez.

Báez, sus hijos y otros acusados como Elaskar, Fariña, el contador Perez Gadin y el abogado Chueco son juzgados por supuestas maniobras de lavado de dinero con fondos ilícitos, que se supone provinieron de la obra pública nacional en Santa Cruz.

La semana pasada, el Tribunal concedió la excarcelación al empresario detenido desde 2016 pero fijó una fianza de 633 millones de pesos que todavía no fue pagada, por lo cual permanece detenido ya que los jueces rechazaron un planteo para concederle prisión domiciliaria, mientras se discute el monto de la caución en instancias de apelación.

En marzo, cuando había iniciado su alegato, la OA aludió a etapas en una "maniobra de corrupción" forjada desde el grupo de empresas de Báez que se constituyó desde "Austral Construcciones", inscripta en el 2003 con un capital social de 12.000 pesos y tres socios, entre ellos Lázaro Báez.

Hacia 2008, la empresa "quedó completamente en el ámbito de la familia Báez", remarcó la OA , para luego señalar que Báez "trabó vínculo de amistad con (el expresidente) Néstor Kirchner, que trascendió la esfera personal" y que "compartieron entre ellos diferentes negocios" según surge de otras causas penales incorporadas como prueba al juicio, remarcó la querella.

Para la OA, en la obra pública adjudicada en Santa Cruz a las empresas de Báez, "hubo competencia simulada, concurso de precios simulado y vulneración de principios de competencia".

A la hora de referirse a maniobras de lavado de ese dinero proveniente de un delito previo, la OA sostuvo que la financiera SGI, conocida como "la Rosadita", con oficinas en el barrio porteño de Puerto Madero, fue "el centro de operaciones de una gran maniobra de lavado, fue la fachada".

SGI recibía los fondos de Austral Construcciones desde Río Gallegos, "hacía recepción, guarda y custodia del dinero para luego ser remitido al exterior por otras entidades de las que era nexo".

En audiencias anteriores, se escucharon los alegatos de la AFIP y la Unidad de Información Financiera, también querellantes en el caso y, luego de la OA, está previsto que exponga el fiscal de juicio, Abel Córdoba.