El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó un planteo de la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, para que la causa por espionaje ilegal en la que está imputada pase a la justicia federal porteña.

El magistrado ratificó que todos los hechos ilícitos investigados ocurrieron en provincia de Buenos Aires, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

Ramos Padilla se negó a declararse incompetente en el caso, en respuesta a un planteo de la defensa de Majdalani y ratificó la competencia territorial del juzgado federal de Dolores para entender en la causa por la que indagó a la exfuncionaria y al extitular de la AFI Gustavo Arribas.

"El rechazo de la pretensión de la defensa se impone pues todas las acciones de inteligencia prohibidas que conforman el objeto de la investigación fueron materialmente cometidas en el territorio de la provincia de Buenos Aires y ninguna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", sostuvo el juez.

Los exfuncionarios fueron indagados en la parte del caso que investiga espionaje ilegal desde bases de la Agencia Federal de Inteligencia ubicadas en provincia de Buenos Aires.

Ramos Padilla agregó que "los argumentos expuestos por la defensa vinculados a que la imputación a las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia desplaza automáticamente la competencia territorial de la totalidad de los hechos hacia los tribunales porteños porque es en CABA donde éstos tenían sus oficinas y ejercían principalmente sus funciones, aparece como una propuesta sesgada que no responde a las características del caso, ni al diseño federal de nuestro sistema judicial".

El juez argumentó también que las acciones de inteligencia prohibidas que se investigan en la causa se llevaron adelante "dentro de los juzgados federales de la provincia de Buenos Aires".

Al respecto, recordó que en esta parte de la investigación fueron indagados también nueve jefes de las bases AMBA con oficinas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Las acciones investigadas "tuvieron como objetivos a ciudadanos y organizaciones políticas, sociales o gremiales que desarrollaban sus actividades en el territorio bonaerense", afirmó el juez en la resolución.